Las Juntas Generales ratificaron ayer que las familias alavesas tengan este mismo año incentivos fiscales para la compra de libros de texto, y no ayudas directas como venía siendo habitual en los últimos años y como ha defendido en balde el PSE. El acuerdo, suscrito por PP, PNV, Bildu y EB (42 de junteros), se fraguó en el pleno celebrado el pasado 17 de octubre y en el que la gran mayoría de los grupos de la Cámara coincidieron en pedir al Departamento vasco de Educación a que de una vez por todas asuma una competencia que es suya, y que desde hace casi una década financia el Ejecutivo foral con apoyo del Ayuntamiento.
En la moción aprobada, la Cámara foral insta al Gobierno vasco a que en virtud de su competencia, «agilice la implantación del programa de gestión solidaria de libros de texto y material curricular en la totalidad de los cursos de la enseñanza obligatoria». Lakua, como ya es conocido, tiene en vigor un programa de reciclaje de libros con ayudas diferentes a las que otorgaban las instituciones alavesas -Diputación y Consistorio de Vitoria aportaban cerca de un millón cada una-.
El PSE se abstiene
El texto acordado también insta al Gabinete De Andrés a que «articule medidas efectivas en apoyo a la familia aplicando el criterio de progresividad desde el ejercicio 2011». Eso sí, siempre que técnicamente sea posible, un matiz que no ha gustado al grupo socialista y que le llevó a abstenerse en la votación de ayer. «Lo que pedíamos era que al menos se hiciera una referencia económica en la moción, que se hablara de 140 ó 150 euros, que era la ayuda que se daba antes de que el Gobierno del PP la quitara», manifestó en declaraciones a este periódico su portavoz, Cristina González. Hasta el pasado año, unas 20.000 familias alavesas se beneficiaban de una subvención directa que iba de 50 a 140 euros en función del ciclo.
Todo apunta a que el trasfondo que ha generado la polémica en torno a los libros de texto también afectará a otras materias esta legislatura. Sobre todo tras conocerse el informe de Lakua en el que puso de relieve las duplicidades de servicios que se prestan en la comunidad y que busca la reordenación de competencias.
