El aumento de la presión fiscal sobre los ricos que prepara el Gobierno central será la primera prueba de fuego para medir la fortaleza del entramado institucional vasco, que tras las pasadas elecciones de mayo se ha convertido en un laberinto con cuatro partidos al frente de las cuatro principales administraciones que tienen, además, cuatro opiniones en algunos casos opuestas. En suma, que las haciendas vascas afrontan la cuestión, cuando menos, divididas, ya que hasta ahora la única leve sintonía es la mostrada por el lehendakari y el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, de Bildu, complicada, por lo demás, por cuestiones ajenas a la fiscalidad como las relacionadas con el terrorismo.
Recuperar o no el Impuesto de Patrimonio es más una cuestión de imagen -que los acaudalados también tiren del carro, como los demás- que de dinero contante y sonante. En 2007, el último año en el que existió en los tres territorios -Gipuzkoa, por imposición de Eusko Alkartasuna, lo retiró un año más tarde- un total de 38.000 vascos pagaron 181 millones de euros.
El PSE, en el Gobierno vasco, quiere promover la recuperación del extinto tributo para quienes posean dinero o propiedades con un valor superior a los 300.000 euros, sin computar la vivienda habitual. El PNV, al frente de la Diputación de Bizkaia, ha eludido hasta ahora el debate al argumentar que no tenía sentido rescatar un impuesto que no existía en otras zonas de España, pero es que ahora la situación será la contraria. Esto es: '¿Hacemos aquí lo mismo que del Ebro para abajo o esgrimimos la foralidad y nos mantenemos al margen?'.
El PP, que controla la Diputación de Álava, no quiere saber nada de subidas impositivas. Y Bildu, al mando de Gipuzkoa, pretende recuperar Patrimonio porque, a su juicio, al eliminarlo se produjo un doble efecto regresivo: se dejó de cobrar «a los que más acumulan» y se intentó «compensar ese déficit recaudatorio vía impuestos indirectos», con lo que aumentó la presión sobre el resto de la ciudadanía.
El lehendakari insistió ayer en la necesidad de plantear un debate «sincero y abierto» para ser «más eficaces y contundentes» en la lucha contra el fraude y «no ordeñar siempre a la misma vaca». Lo hará en el pleno de política general que celebrará el Parlamento vasco el 29 de septiembre y, de forma simultánea, los técnicos de su consejería de Hacienda llevaran la 'patata caliente' al seno del Órgano de Coordinación Tributaria, donde coinciden las cuatro instituciones.
Patxi López añadió que le gustaría que en Euskadi salieran las grandes fortunas, como en Francia o Estados Unidos, pidiendo pagar más; al tiempo, puso en duda que los empresarios vascos «se vayan» por el hecho de que se «toquen un poco» los impuestos cuando han sido capaces de hacer frente a ETA.
Los peneuvistas, que marcan muy de cerca a López, se encuentran ante una disyuntiva. Su máximo representante institucional, José Luis Bilbao, rechazó frontalmente una subida de impuestos tras reunirse a finales de julio con el lehendakari, pero es que ahora la situación es distinta, porque el argumento esgrimido -la inutilidad de hacer en Euskadi lo que no se hace en España- ya no vale. De hecho, ayer, fuentes jeltzales admitieron que va a ser necesario replantear la cuestión, «muy delicada», y más en momentos preelectorales, ante la evidencia de que «si el Estado pone un impuesto, al final es fácil que se acabe poniendo aquí».
En cualquier caso, los responsables de todas las instituciones afrontan el debate con miedo: que se imponga la descoordinación y cada uno opte por una fórmula distinta, lo que generaría un serio problema. Debido al peculiar sistema vasco, los territorios que no recuperaran Patrimonio o una figura impositiva similar tendrían que compensar al díscolo que sí lo hiciera por meter más dinero a la bolsa común. Es decir, no cobras, sino que encima pagas.
