Los firmantes del Acuerdo de Gernika denunciaron ayer que los impedimentos puestos por Instituciones Penitenciarias les han obligado a recurrir al correo ordinario para detallar su propuesta de pacificación y normalización a los presos de ETA. Oskar Matute, portavoz de Alternatiba y miembro de Bildu, y Ainhoa Etxaide, secretaria general del sindicato LAB, aseguraron en Bilbao que su intención inicial era reunirse con los reclusos de la banda para informarles del «proceso político abierto en Euskal Herria» y que para ello habían solicitado mantener una «comunicación extraordinaria» con ellos.
La carta, remitida el pasado mes, transmite su «abrazo más cálido» a los internos que están «en esas prisiones a miles de kilómetros» y en la que se subraya la importancia de que participen en el proceso porque son «una consecuencia directa del conflicto».
Además, en la misiva se detallan los contenidos del Acuerdo de Gernika -que, entre otros puntos, exige a ETA un alto el fuego verificable, la derogación de la Ley de Partidos y la modificación de la política penitenciaria- y se avanza que, de cara al futuro, los firmantes trabajarán para «acumular fuerzas» en apoyo a su iniciativa pacífica.
Sin respuesta
Matute explicó que aún no han recibido respuesta, lo que también ha atribuido a «la actitud obstruccionista» de Instituciones Penitenciarias. En cualquier caso, recalcó su intención de «perseverar» y establecer «un canal fluido de intercambio de opiniones con el EPPK» (siglas en euskera de Colectivo de Presos Políticos Vascos).
Además, denunció que «se presiona a los presos políticos vascos con la intención de convertir el Acuerdo de Gernika en una herramienta para dividir y debilitar al EPPK», además de «obtener réditos políticos». En concreto, Matute acusó a PP y a PSOE de «utilizar» el documento para «generar situaciones de tensión dentro del EPPK» y de aplicar beneficios penitenciarios a los internos «en función de quiénes lo avalen y de quiénes decidan salir o no del colectivo» de reclusos que aún siguen fieles a la banda. «Se hace una aplicación arbitraria de la ley para debilitarles o desligarles del grupo», denunció.
