La capital alavesa se encuentra a un paso de convertirse en un gran laboratorio. Si el Ayuntamiento de Vitoria da el visto bueno a la propuesta que recibió la pasada semana del Ejecutivo autonómico, la ciudad podría ser la primera capital vasca donde se pone en marcha un innovador plan para activar laboralmente a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). El programa, en forma de experiencia piloto, permitiría realizar un diagnóstico personalizado de cada uno de estos ciudadanos para ofrecerles cursos de formación adaptados e incluirles en una bolsa de trabajo. Pasar de ingresar el subsidio a obtener su propio sueldo, ése es el objetivo.
El Gobierno vasco, impulsor de la iniciativa, ha examinado ya el plan en otros ocho municipios de Euskadi: tres de Bizkaia, otros tres de Gipuzkoa y dos de Álava -Llodio y Amurrio-. En estos bancos de pruebas «se han tramitado alrededor de 4.000 expedientes» y se ha logrado «firmar más de 700 contratos laborales», especifican desde el departamento de Empleo y Asuntos Sociales que dirige la socialista Gemma Zabaleta y que ahora mira hacia Vitoria para continuar con el análisis del proyecto. La ciudad sumaba en mayo 5.796 perceptores de RGI, casi el 11% del total del País Vasco, que podrían integrarse en el sistema de activación laboral. Y así se lo expuso el jueves la consejera al alcalde, Javier Maroto, en un encuentro al que también asistió Javier Ruiz, viceconsejero de Planificación y Empleo, Pedro Sánchez, director de Formación de Lanbide, y Ainhoa Domaica, concejala de Asuntos Sociales. «Tras la reunión nos mantenemos a la espera, pero si aceptan podríamos poner todo en marcha en torno a septiembre», explicaron.
Casi 6.000 ciudadanos
En caso de que el Gabinete Maroto aprobara la propuesta de colaboración, comenzaría el trasvase de información entre el Consistorio y el Ejecutivo autonómico. El equipo municipal sería el encargado de dar el primer paso. El Ayuntamiento tendría entonces que enviar al Gobierno vasco una lista con los perceptores de la RGI para conocer cada caso -podría servirse también de la base de datos de Lanbide- y ejecutar el llamado «diagnóstico de empleabilidad», donde se detallarían sus necesidades para acceder al mercado laboral. Este trámite, reconocen, «llevaría su tiempo» por tratarse de casi 6.000 ciudadanos.
Del novedoso plan, eso sí, según recoge el borrador, quedarían exentos jubilados pensionistas, quienes estén realizando alguna formación inicial, personas con una incapacidad absoluta o gran invalidez y aquéllas catalogadas de alta exclusión. Al resto se les dibujaría un itinerario personalizado con el objetivo de que, antes o después, encuentren un puesto de trabajo.
«Cobertura garantizada»
Las salidas que se les presentaría serían dos: participar en un curso de formación ajustado a su perfil o, en caso de que ya posean capacitación suficiente, acceder directamente a una bolsa de empleo -abierta también a quienes cumplan el anterior paso-. El Ayuntamiento recibiría información sobre el transcurso de la experiencia e, incluso, sobre esos perceptores que cometan alguna irregularidad, desde rechazar la oferta educativa a no encontrarse localizables, para que «se tomaran las medidas oportunas».
De esta manera, «se garantiza la cobertura de las ayudas sociales pero también que las cobre quien realmente las necesita», destacan desde el Gobierno vasco. Lakua, además, conseguiría testar el sistema «en una gran ciudad» -que absorbe el 80% de RGI de la provincia- mientras el Parlamento aprueba la incorporación de todos los trámites relacionados con esta ayuda social al Servicio Vasco de Empleo, Lanbide.
