Es el puesto más importante del Gobierno japonés en estos momentos y solo ha durado en el mismo una semana, batiendo un nuevo récord en las dimisiones exprés que caracterizan a la política nipona. El ministro encargado de la reconstrucción tras el tsunami del pasado 11 de marzo, Ryu Matsumoto, dimitió ayer tras un par de comentarios desafortunados que han revelado su falta de tacto para mitigar la catástrofe, que dejó más de 22.600 muertos y desaparecidos y provocó en la central nuclear de Fukushima unas fugas radiactivas que durarán hasta principios del próximo año.
En primer lugar, Matsumoto reprendió por llegar tarde a una reunión a Yoshihiro Murai, gobernador de la prefectura de Miyagi, una de las más devastadas. Y al de Iwate, Tayuka Tasso, le amenazó con retirarle las ayudas si no aportaba buenas ideas para la reconstrucción de los pueblos de la costa borrados por las olas gigantes, que llegaron a ser de hasta 15 metros. Al darse cuenta de que las cámaras de televisión habían grabado sus salidas de tono, presionó a los periodistas para que no difundieran sus declaraciones, pero no le hicieron caso y se ha desatado un gran escándalo.
«Pensaba que era la persona más próxima a las víctimas, pero lamento sinceramente que mis palabras hayan herido sus sentimientos porque fueron insuficientes o bruscas», se disculpó el ya exministro con los ojos empañados y la voz rota.
La renuncia de Matsumoto, que será sustituido por Tatsuo Hirano -quien procede precisamente de la castigada región de Iwate-, supone un nuevo revés para el cuestionado primer ministro, Naoto Kan, y su criticado plan de reconstrucción, que avanza a duras penas y con muchos problemas. Casi cuatro meses después del tsunami, la costa noreste de Japón sigue en ruinas y más de 120.000 evacuados continúan viviendo en refugios temporales, lo que ha enervado a los alcaldes de pueblos gravemente afectados como Minamisanriku o Minamisoma.
Presupuesto extraordinario
Tras destinar en mayo un primer presupuesto extraordinario de 4 billones de yenes (34.064 millones de euros) para realojar a los damnificados y reparar infraestructuras, el Gobierno aprobó ayer una segunda partida por la mitad de ese importe. De esos 17.038 millones de euros, 6.815 irán a parar a la reconstrucción de viviendas y 2.343 a solventar la crisis nuclear de Fukushima, incluyendo indemnizaciones y chequeos médicos para los 80.000 evacuados que vivían a unos 20 kilómetros de la siniestrada planta atómica.
Con el fin de no elevar la abultada deuda pública, que ya es el doble de los 3,3 billones de euros que suma el PIB, el asfixiado Gobierno aprovechará los fondos recortados de las partidas sociales de este año y recurrirá a nuevos impuestos. Para su aprobación definitiva, el Ejecutivo planea remitir este nuevo presupuesto al Parlamento a mediados de mes. Pero la oposición, que ostenta la mayoría en la Cámara alta, ya ha amenazado con bloquearlo si no dimite el primer ministro, cuya maltrecha popularidad ha vuelto a hundirse un 20% en las últimas encuestas.
Tras sobrevivir a una moción de confianza, la intención de Kan es mantenerse en el cargo hasta encauzar la peor crisis que, a raíz del tsunami y las fugas radiactivas de Fukushima, sufre el imperio del sol naciente desde la II Guerra Mundial.
