La Audiencia Nacional negó ayer la versión del Gobierno sobre el rescate del atunero 'Alakrana' y confirmó que fueron «organismos públicos» quienes entregaron el dinero a los piratas. Año y medio después de la liberación del buque, en noviembre de 2009, el tribunal ha condenado a 439 años de prisión a 'Abdu Willy' y Raageggesey Adji, los dos piratas acusados del secuestro que fueron capturados por la Armada. Asimismo, el fallo obliga a los asaltantes a indemnizar con 100.000 euros a los 36 tripulantes por los daños morales ocasionados por los 47 días de cautiverio.
El tribunal asegura que el Ejecutivo de Zapatero satisfizo la demanda económica de los piratas, que según diversas fuentes se fijó entre los dos y tres millones de euros, que habrían procedido de los fondos reservados del Estado. Un extremo que fue rechazado en reiteradas ocasiones por el Gobierno con un rotundo «no pagamos rescate», según aseguraron en su momento la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Defensa, Carme Chacón, que volvió a repetir ayer las mismas palabras.
Sin embargo, para los magistrados, «el resultado de la prueba practicada en el juicio ha demostrado, sin duda alguna, que no ha sido la empresa armadora, sino organismos públicos vinculados al Gobierno quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado ( )». Un argumento que los jueces utilizaron para rebatir una de las peticiones de la defensa de los piratas, que había reclamado en la vista la desclasificación de los papeles secretos referidos al pago del rescate.
El juez que instruyó la causa, Santiago Pedraz, ya intentó indagar en noviembre de 2009 si el Ejecutivo requirió los servicios de un despacho de abogados londinense para mediar en la liberación del atunero. Los informes policiales concluyeron entonces que la empresa armadora del 'Alakrana', Echebaster Fellet, no facilitó el botín, pero no dieron más pistas sobre quién o a través de qué canales se pudo hacer. De la misma forma, el CNI argumentó que era materia reservada por el Consejo de Ministros y que no se podía informar. Por todo ello, el juez Pedraz tuvo que cerrar esta línea de investigación.
Pero una vez celebrado el juicio y escuchados los testimonios de los tripulantes y del armador, las cosas han cambiado y por vez primera la Justicia confirma que «organismos públicos» pagaron el rescate. Nada más conocer el fallo el PP pidió explicaciones al Gobierno por negar la mayor durante todos estos meses, mientras que la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, mantuvo firme la versión oficial: «No hubo pago». «Se trata de una referencia muy vaga (en la sentencia), muy imprecisa, y no nos sentimos reconocidos ni aludidos».
El misterioso 'Pepe'
La Audiencia Nacional da por buenos los testimonios que mencionaban la figura de un tal 'Pepe' en el desenlace de la liberación. Un hombre blanco, de unos 45 años, de aspecto occidental y que se puso al frente de la negociación cuando se maduraba la liberación del 'Alakrana'. Un misterioso personaje que actuó en nombre del Gobierno, según se desprende del fallo.
Así lo recordaba en el juicio José Víctor Orozco, jefe de máquinas del 'Alakrana'. «Había dos negociadores, uno somalí que se conocía por Yama y otro español de nombre Pepe. Llevaban juntos 48 horas y hablaban bastantes veces por teléfono. De pronto, vimos una avioneta blanca que tiró una cápsula a la parte de estribor. Dentro había una bolsa de un supermercado español, tal vez Eroski o Carrefour, llena de billetes. Era dinero, no sé si del Monopoly, pero era dinero», dijo al tribunal.
Los magistrados consideran que las declaraciones de los arrantzales fueron claves para condenar a 439 años de cárcel a cada uno de los dos piratas Por los 36 delitos de detención ilegal, con agravante de estancia superior a 15 días, el tribunal les impuso 396 años de prisión, mientras que el resto de la pena, 43 años, corresponde a 36 delitos contra la integridad moral de los tripulantes (amenazas y vejaciones) y robo con violencia e intimidación.
Por el contrario, el tribunal absuelve a los dos piratas de los delitos de terrorismo y pertenencia a banda armada, daños en la embarcación o torturas. Con respecto al primero, el tribunal asegura que el secuestro «no tenía la finalidad de subvertir el orden político y social de un sistema democrático», mientras que la pertenencia a banda armada, señala el fallo, es inviable si no hay indicios terroristas. Los magistrados recuerdan que los condenados fueron detenidos con efectos pertenecientes al atunero y a los tripulantes, y que durante su estancia en el buque se dedicaron a vigilar a los rehenes.
La sentencia ha sido recibida con cautela y satisfacción por las familias de los arrantzales vascos que sufrieron el cautiverio, aunque en algunos casos como el de María Ángeles Jiménez, esposa de Gaizka Iturbe, engrasador del 'Alakrana', el fallo ha dejado una sensación «agridulce». «Se ha hecho justicia en tres cuartas partes porque los detenidos pagarán por lo que hicieron y se reconoce el sufrimiento que padecieron nuestros maridos, pero no así la pertenencia de los condenados a banda armada como pedíamos», recalca. En su opinión, hay pruebas suficientes en el sumario para ello, como que «están perfectamente organizados y llevan más de una década cometiendo este tipo de actos en aquellas aguas».
