El Banco de España ya ha decidido la 'penitencia' que quiere imponer a los responsables de la desastrosa gestión de Cajasur, liderada por el Cabildo Catedralicio de Córdoba, que tuvo como consecuencia la intervención de la caja de ahorros en mayo de 2010 y su posterior adjudicación a la BBK. El supervisor propone sancionar a 38 exdirectivos y exconsejeros de la entidad con una multa de 2,4 millones de euros. El peor castigo se lo llevaría el último presidente, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, para el que pide 180.000 euros y dos años de inhabilitación.
En su propuesta, actualmente en fase de instrucción y ante la que los exdirectivos pueden presentar alegaciones en el plazo de un mes, el Banco de España no sólo discrimina entre los cargos y responsabilidades desempeñados por cada cual desde julio de 2005, sino que penaliza con mayor severidad a quienes rechazaron la fusión con la malagueña Unicaja. Esta operación, apoyada por la Junta de Andalucía, era entonces la única alternativa que tenía Cajasur para evitar la intervención pero los sacerdotes, que controlaban la gestión, así como otros miembros del consejo, se opusieron y fracasó.
De hecho, uno de los 'pecados' que el Banco de España reprocha a parte de los exresponsables de Cajasur se refiere al incumplimiento del plan de actuación que establecía como único medio para salvar la caja la fusión con Unicaja. Las otras infracciones están relacionadas con las deficiencias en los mecanismos de control de riesgos derivados de la alta exposición al sector inmobiliario, la vulneración de los coeficientes de solvencia y el exceso de concentración inversora en tres grupos empresariales.
Como consecuencia de estos criterios, los peor parados en la propuesta de multa del Banco de España son los nueve canónigos presentes en la caja desde julio de 2005 hasta mayo de 2010. De los 2,4 millones de euros de multa, a ellos les tocan más de 870.000. Los siguientes en la lista son los representantes de los impositores, con 776.000 euros, que casi siempre mantuvieron la misma posición que los sacerdotes en el seno del consejo.
El Cabido Catedralicio calificó ayer de «enorme injusticia» las sanciones propuestas por el Banco de España y aseguró que las recurrirá. En opinión de su presidente, Manuel Pérez Moya, que se enfrenta a una multa de 107.000 euros, es una «contradicción» que se pretenda castigar a los canónigos por oponerse a la fusión con Unicaja cuando con su rechazo sólo buscaban proteger los puestos de trabajo.
Por otra parte, entre los posibles sancionados figuran un total de catorce políticos que han pasado por los órganos de dirección de Cajasur en las fechas investigadas por el Banco de España. Coincide que tres de ellos son candidatos a la alcaldía de Córdoba: Juan Pablo Durán (PSOE), Andrés Ocaña (IU) y José Antonio Nieto (PP).
Durán aseguró que todos los miembros que han ocupado un puesto en el consejo bajo las siglas del PSOE han defendido las directrices del Bando de España. En la misma línea, Ocaña, actual alcalde de Córdoba, se quejó de que la decisión del supervisor es «muy mecánica» porque aboga por sancionar a todos los que han pasado por el consejo de administración desde 2005. La última palabra la tiene ahora el Ministerio de Economía.
Santiago Gómez Sierra, en el centro, acompañado de directivos de Caja Sur, en una foto de 2009. :: el correo
