El Defensor del Pueblo ha tomado parte en la polémica sobre el depósito de tierras contaminadas con lindane que se encuentra ubicado junto al aeropuerto de Loiu. En un escrito, el representante de la institución, encargada de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ha pedido al Gobierno vasco y a la sociedad que gestiona los aeródromos públicos (Aena) que elaboren diversos informes sobre la mencionada celda de residuos.
La petición surge a raíz de una queja formulada ante el organismo por los ecologistas de Lur Maitea. Firmado por el adjunto del Defensor del Pueblo, Manuel Ángel Aguilar Belda, la institución considera «necesario reanudar las actuaciones» en torno al depósito, que se creó para acumular 110.000 toneladas de materiales mezclados con el pesticida. Lo hace ahora porque, según dice, el recurso judicial presentado contra la declaración de impacto ambiental del aeroupuerto -que ha sido rechazado- «impedía la intervención» del ombudsman.
El comisionado basa su posicionamiento en una serie de hechos y consideraciones. Más allá de la «legitimidad» de la demanda de los ecologistas, el Defensor del Pueblo defiende las medidas que propone por la simple la necesidad de instalar «el convencimiento» en la ciudadanía de que no se está «sometiendo a quienes habitan en las proximidades» de la infraestructura aeroportuaria a «riesgos y molestias» que no deben soportar.
En lo que se refiere a los hechos, el organismo recuerda que en octubre de 2009 ya se produjo una reunión entre «la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco y la dirección general estatal». Entonces, ambas instituciones se mostraron «favorables» a realizar un estudio sobre la celda de lindane que incluyera la «posibilidad» de su retirada. Aguilar reconoce que una auditoría encargada por Aena en octubre de 2006 concluyó que la instalación «se ajustaba técnicamente a las características» que deben tener las infraestructuras de este tipo y que no generaba «impactos negativos» en los «medios evaluados».
Sin embargo, el comisionado recuerda que aquel mismo informe también realizaba una serie de «recomendaciones» sobre el seguimiento ambiental y la «necesidad» de establecer nuevos controles en torno al depósito. Además, subraya «el tiempo transcurrido» desde que se encargó la auditoría y el «carácter temporal» de la autorización concedida para mantener la celda como argumentos suficientes para que Aena, en colaboración con el Departamento vasco de Medio Ambiente, realicen un «estudio» para dar una «solución definitiva al problema». Unas anomalías que se han visto «agravadas», según se deduce «palmaria y verosímilmente» de lo alegatos de los reclamantes.
Esudios de impacto
Por todo ello, siguiendo la petición de los ecologistas, el Defensor del Pueblo solicita a las dos instituciones que certifiquen si la pista principal del aeropuerto «se ha ampliado al menos en 120 metros» y si estas obras han sido «amparadas» con alguna evaluación de impacto ambiental. También pide que se verifique si Aena ha implantado un «vertedero» sin estudios previos en una de las pistas del aeródromo y que se analice la «situación jurídica» actual del vertedero que ya existe. Además, reclama que se analice la gestión de tierras y el estado del proyecto de construcción de un aparcamiento de vehículos en el aeropuerto.
