Gobierno y PP se echaron ayer en cara la práctica de un «doble juego» en la política antiterrorista. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó a los populares de cometer «el disparate» de tener dos discursos; el constructivo que maneja Federico Trillo en sus reuniones con él y el de dirigentes como Dolores de Cospedal o Jaime Mayor Oreja que buscan réditos electorales mediante el desprestigio gubernamental en la lucha contra ETA. La dirección del PP replicó de inmediato y afirmó que para «doble juego» el que practica el PSOE, con dirigentes como el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, que aboga sin rubor por legalización de Sortu o la presencia en las elecciones de Bildu.
«Yo no soy tonto». El vicepresidente echó mano de la publicidad de una conocida marca de artículos informáticos para avisar al PP de que su dualidad es evidente ya que la dirección del partido opositor reconoce que está informada por el Gobierno de los avances de la lucha antiterrorista y de la estrategia para impedir la presencia del entorno político de ETA en las elecciones, pero al mismo tiempo achacan al Gobierno supuestas componendas con ETA en la pasada tregua y laxitud frente a la izquierda abertzale. «No hay que ser un genio de la comunicación política para saber de qué va esto», comentó Rubalcaba, quien lamentó no poder «ir más allá» en su análisis en aras de preservar la unidad del pacto antiterrorista.
El vicepresidente no lo dijo, pero fuentes gubernamentales aclararon que se refería a la estrategia del PP de dar satisfacción a sus votantes más extremistas con los ataques al Ejecutivo y hacer lo propio para los más centristas con el mantenimiento de la unidad con el Gobierno frente a ETA. Lo que sí dijo Rubalcaba al PP es que «unifique» su mensaje. Reconoció que había dado «algún pellizco de monja» a su interlocutor popular para asuntos de terrorismo, Federico Trillo, pero con escaso éxito a la vista de los acontecimientos. El propio Trillo, recordaron fuentes gubernamentales, 48 horas después de analizar con Rubalcaba las fórmulas legales para impugnar las listas de la coalición Bildu participaba en una manifestación para exigir al Gobierno que ETA no esté en las elecciones.
Fiscalía y Abogacía
El número dos del Ejecutivo no quiso ahondar más en las críticas y reconoció que existe un acuerdo «de fondo» con el PP para evitar que el entorno político de ETA «se cuele» en las elecciones, pero reclamó «ser escrupulosos» con los tiempos y las formas del Estado de Derecho. Ahora, dijo, no se puede hacer nada porque hay que esperar que las fuerzas de seguridad redacten sus informes sobre la presencia de personas de la ilegalizada Batasuna en las listas de Bildu; esas investigaciones, prosiguió, se entregarán a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para las estudien y decidan si presentan una demanda ante el Supremo, y si es así habrá que esperar a que resuelva el alto tribunal.
El secretario de Política Electoral del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, en la misma línea que la secretaria general, Dolores de Cospedal, replicó a Rubalcaba que el Gobierno «en vez de atacar» a su partido «debe mantener un único lenguaje y estrategia» frente a ETA. «El PP lleva mucho tiempo guardando silencio por lealtad al acuerdo antiterrorista ante las declaraciones contradictorias de dirigente como (Jesús) Eguiguren». Bermúdez de Castro aseguró que su partido «no hace ningún doble juego y apoya el Gobierno desde 2008».
Así como el Gobierno tiene su análisis de la estrategia del PP, los populares también creen que el PSOE cuida los extremos de su parroquia. El discurso oficial es el de la unidad antiterrorista, pero Eguiguren y también el lehendakari Patxi López hacen guiños a su electorado más nacionalista con un lenguaje amable con la izquierda abertzale.
Al igual que Rubalcaba, Trillo tampoco quiso profundizar en esa dicotomía socialista. El coordinador de Justicia del PP reconoció el apoyo a la política contra ETA del Ejecutivo y recordó que desde 2008 se han desmantelado «50 comandos», se está ultimando una ley de víctimas del terrorismo y se ha reformado la ley electoral para evitar que «ETA o cualquier de sus franquicias tenga resquicios legales para poder concurrir a las elecciones».
