La abogada penalista Amparo Banqueri Cañete de Córdoba atiende cada día en su despacho madrileño la llamada de ayuda de decenas de inmigrantes. Pero ayer le preocupaba especialmente el caso de Lola Musa, una nigeriana detenida en Vitoria, ingresada en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche y a un paso de ser expulsada.
«Puede ocurrir en cualquier momento, en veinte minutos, y es totalmente ilegal», se lamentaba la abogada, al tiempo que denunciaba que «en Álava se está deteniendo y abriendo decretos de expulsión a nigerianas con arraigo». El de Lola Musa es el tercer caso que pasa por sus manos. Anteriormente, logró 'salvar' a Chariti y Ndidi, «que incluso tenían el asilo concedido. Si no me llegan a llamar, ahora mismo estaban en Nigeria». En cambio, ambas regresaron a su ciudad, Vitoria.
Lola Musa, sin embargo, ayer estaba más cerca de partir rumbo a Nigeria que de volver a la capital alavesa. «No entiendo la improcedencia de estas detenciones masivas de nigerianas. En cambio, arrestan a bolivianos, indios, senegales y son puestos en libertad cuando llevan menos tiempo aquí que ellas. Parece que impera el 'detengo porque quiero'», indicaba Amparo Banqueri.
Banqueri ve en el caso de Lola Musa, al menos, tres motivos contrarios al decreto de expulsión dictado. En primer lugar, su arraigo a la ciudad. Esta joven llegó hace tres años. Durante ese tiempo ha estudiado en un centro de idiomas y estaba becada por el Gobierno vasco, como acredita la documentación aportada por la abogada madrileña.
Víctima de malos tratos
Pero su vida en esta ciudad no ha sido fácil. El pasado mes de marzo denunció a su pareja por malos tratos. Y ésta es la segunda razón que aduce la letrada para evitar la marcha obligada de Lola Musa. «Según el nuevo reglamento, toda mujer extranjera en situación irregular que denuncie situaciones de violencia de género, no será expulsada del Estado Español (...). Además, se les concede la residencia», recalca.
Por último, Banqueri vio un tercer argumento para tratar de ayudar a su cliente. Se trata de un defecto en el procedimiento. Defiende que el decreto de expulsión está caducado «porque no se le notificó la resolución a los seis meses de abrirle el expediente».
Pese a los argumentos de la letrada, el juez decretó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, paso previo para despegar hacia su país de origen. «Desde allí están fletando aviones urgentes hacia Nigeria con tan solo seis o siete personas», denuncia. Y teme que en uno de ellos salga en cualquier momento Lola. «Como último intento he presentado una medida cautelarísima pero el juez ha respondido que no la admitirá. ¿Para qué voy a recurrir si quizá esté a punto de embarcar?».
