El ambicioso proyecto para crear el mayor parque botánico de España va a salir al Ayuntamiento vitoriano mucho más caro de lo esperado. La polémica expropiación de los terrenos de Olárizu para habilitar este recinto se ha saldado con un nuevo jarro de agua fría para el Consistorio, que ayer dio a conocer un segundo fallo judicial que ratifica la obligación de abonar algo más del triple por una de las parcelas afectadas por la operación urbanística.
La sentencia del Tribunal Supremo -que reafirma lo dicho por los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y contra la que ya no cabe ningún otro recurso- obliga al Gabinete Lazcoz a pagar otros 600.000 euros a los dos dueños de 8.100 metros cuadrados de terreno. Ello supone que percibirán 90 euros por metro cuadrado, en lugar de los 24,59 estipulados en su día por el Ayuntamiento, gobernado entonces por el popular Alfonso Alonso.
La resolución conocida ahora establece que los dueños deben percibir, en concreto, 765.450 euros. A ello habría que descontar los 209.166 que en su día ya les fueron abonados. Sin embargo, a la diferencia resultante es necesario añadir otros 44.000 euros en concepto de intereses. «Volvemos a hacer ricos a una familia vitoriana, a la que tenemos que pagar cien millones de las antiguas pesetas», denunció ayer el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso quien aseguró que el fallo judicial contribuye a «seguir engordando el escándalo de las expropiaciones» practicadas durante los mandatos del PP. Una acusación a la que el portavoz popular, Javier Maroto, respondió haciendo corresponsable de la situación al Ejecutivo de Lazcoz, ya que la decisión del Gabinete de Alfonso Alonso «fue después ratificada por el Gobierno socialista».
Resoluciones previas
Este 'culebrón', prolongado más de una década, comenzó en 2000, cuando el pleno del Ayuntamiento acordó expropiar un total de 233.000 metros cuadrados entre los campos de fútbol de Adurza y la Casa de la Dehesa. Dos años después, el Consistorio rechazó las alegaciones de los propietarios y envió el expediente a la Diputación, que no le dio curso hasta junio de 2003.
Una demora que, según Juan Carlos Alonso, sirvió para que los particulares lograran la anulación de esa expropiación por primera vez y que los tribunales calificaran el proceso de «caduco». Ante esta sentencia, dictada en 2005, el equipo de gobierno del PP reinició el proceso. Fue entonces cuando surgió el segundo problema. «En 2004 tuvo lugar el famoso catastrazo y cuando se reinició el expediente, se hizo un corta y pega del anterior, en lugar de modificar el estatus de las fincas como correspondía. Es decir, se cambió la calificación de los solares pero no el código fiscal -el número- que los define», desveló Alonso. Una actuación que el edil socialista calificó ayer de «tramitación defectuosa y urgente».
¿Y qué implica esto? Pues que el terreno expropiado estaba incluido en un polígono industrial y no en suelo urbano de sistema general y espacio libre, por lo que el precio de la parcela es de 90 euros el metro cuadrado, en lugar de 24,59. Con estos datos, ya en marzo de 2010 los magistrados del TSJPV «revocaron» el acuerdo del 24 de julio de 2007 del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Álava -en el que se fijaba que estos propietarios debían percibir la cantidad menor por sus terrenos- y obligaba al Ayuntamiento a pagarles el triple. Pocos días antes, otro fallo judicial también había anulado, por segunda vez, la expropiación de parcelas para ampliar el parque de Olárizu, al declarar el proceso «nulo y disconforme a derecho».
