El Gobierno vasco expresó ayer su «preocupación» por el auto del Tribunal Supremo que paraliza de forma cautelar la construcción de 150 pisos sociales en un céntrico solar de Zarautz, una resolución basada en que los derechos de las urbanizaciones colindantes que han pleiteado contra el proyecto prevalecen sobre la decisión del Ayuntamiento y el Ejecutivo autónomo de llevarlo a cabo. «Habíamos convocado un concurso para las obras, presupuestadas en 13 millones», explicaron fuentes del Departamento de Vivienda. «El perjuicio económico ha sido mínimo, pero se han perdido tiempo y esfuerzo».
La consejería de Iñaki Arriola precisó que la suspensión dictada por el Supremo en Zarautz es provisional hasta que el Tribunal Superior del País Vasco se pronuncie sobre el fondo del asunto: la acusación de los vecinos litigantes de que el Ayuntamiento no cumplió la legalidad urbanística al cambiar la calificación de los terrenos, inicialmente destinados para equipamientos públicos, como una biblioteca o un polideportivo.
No obstante, la consejería de Iñaki Arriola admitió que los razonamientos del Supremo -los intereses «concretos» de los litigantes que ya tienen casa son superiores a los intereses «desdibujados» de los futuros destinatarios del alquiler barato- podrían ser invocados en otros municipios por vecinos reacios a vivir junto a pisos como los proyectados en Zarautz, un tipo de inmueble que se conoce como alojamientos dotacionales porque el terreno elegido estaba previsto al principio para servicios públicos.
Escollo judicial
El Gobierno vasco teme que el auto del Supremo acabe «entorpeciendo» sus planes para edificar hasta 2013 un total de 3.500 alojamientos dotacionales, de los cuales 1.500 se quiere ponerlos en marcha en breve plazo. «Un problema más», resumieron, gráficamente. No obstante, el Ejecutivo autónomo recordó que los argumentos expuestos por el Alto Tribunal en el pleito de Zarautz «no son los habituales, se salen de lo que parece aceptarse generalmente dentro del Derecho urbanístico». Por ese motivo, en la consejería de Vivienda aseguraron que seguirán adelante con sus metas en materia de arrendamiento. «Ya tenemos cuatro concursos de alojamientos dotaciones y en otros casos está convocada la fase de proyectos», detallaron fuentes del departamento.
Por su parte, en el Ayuntamiento de Zarautz también se mostró dispuesto a construir los 150 pisos sociales, a través de un convenio con la sociedad pública Visesa, siempre que «el Tribunal Superior del País Vasco nos dé la razón», según Ubaldo Ortiz, concejal de Urbanismo. El edil insistió en que los terrenos que han suscitado el litigio -conocidos como el solar de Kortazar- no estaban destinados al principio para zonas verdes ni de esparcimiento, «como alegan los vecinos», sino para servicios públicos.
