La relación entre la Unión Europea y Reino Unido es tan especial que a fina les del año pasado Bruselas puso en marcha una peculiar página web. A través de este portal, los responsables comunitarios intentan desmontar los «euromitos» instalados en el país a lo largo de los años. La UE, por ejemplo, aclara a los ciudadanos británicos que no tiene «ningún interés ni competencias» para cambiar el nombre del Canal de la Mancha -Canal Inglés para ellos- por el de laguna anglofrancesa para contentar a sus vecinos galos.
La web, que recopila cuestiones de lo más disparatadas, rechaza que Bruselas pretenda prohibir una de las frases más clásicas de los bingos británicos. Al igual que en España la bola con el número quince es la niña bonita, en Reino Unido consideran patrimonio nacional el cántico dedicado al 88, más conocido por los aficionados a los cartones como 'two fat ladies' o dos señoras gordas. «El lenguaje es algo vivo que no debería ser regulado y la UE tiene buenas referencias en la promoción de la diversidad oral», zanjan en la web los responsables comunitarios.
Ambos ejemplos pueden resultar sorprendentes, pero la UE lleva años intentando combatir el euroescepticismo reinante en algunos sectores de Gran Bretaña. Esta oposición frontal a las instituciones comunitarias se refleja en buena parte de los medios de comunicación locales, que sacuden a la UE cada vez que tienen oportunidad. Los insólitos ejemplos recopilados en el portal proceden en su mayoría de los potentes periódicos sensacionalistas, máquinas de dudoso ingenio que como 'The Sun' han llegado a acusar a Bruselas de exigir a las mujeres que reciclen sus juguetes sexuales.
El látigo antieuropeo, sin embargo, no sólo está en manos de la prensa amarilla. El histórico 'The Times' ha sido el último protagonista de un escándalo en el que se han visto implicados varios eurodiputados. La edición dominical del rotativo propiedad del magnate Rupert Murdoch ha publicado en las dos últimas semanas una investigación realizada con cámara oculta. Los reporteros, haciéndose pasar por representantes de un looby, grabaron a los miembros de la Eurocámara mientras les ofrecían dinero a cambio de que aceptaran introducir enmiendas a determinadas leyes.
Dos dimisiones
La investigación se ha saldado con la dimisión de dos eurodiputados. Ernst Strasser, antiguo ministro de Interior en Austria, admitió en sus entrevistas con los reporteros camuflados que había trabajado hasta para cinco grupos de presión que le pagaban 100.000 euros anuales. Zoran Thaler, ex titular de Exteriores esloveno, aceptó retirar una enmienda mientras negociaba que le abonaran discretamente sus servicios en Londres para borrar posibles huellas.
Un tercer parlamentario, el rumano Adrian Severin, llegó hasta a enviar una factura a sus supuestos clientes. «Por los servicios de consultoría referentes a la directiva 94/19/EC», rezaba el documento en el que se instaba al pago de 12.000 euros. Severin, que ha sido expulsado del grupo socialista en la Eurocámara, se ha pasado a los independientes tras negarse a dimitir. Curiosamente, dos de los tres parlamentarios aseguraron que los servicios secretos estaban compinchados con los reporteros para cazarles.
Un eurodiputado español, el popular Pablo Zalba, también se ha visto salpicado por la investigación. El parlamentario navarro, cuarto protagonista de las grabaciones con cámara oculta, sostiene que fue «engañado» por falsos representantes de un grupo de presión que le intentaron «tender una trampa». Además, remarca que nunca aceptó dinero en las conversaciones -le llegaron a tentar con 100.000 euros anuales- y que sólo presentó una enmienda de las que le proponían porque mejoraba «sustancialmente» la normativa en cuestión. El PP le ha ofrecido su apoyo porque, a su juicio, su caso no tiene nada que ver con los otros tres debido a que no aceptó ningún dinero.
El escándalo difundido por 'The Times' llega apenas un mes después de que su cabecera hermana en el mercado sensacionalista -'News of the World'- también sacara chispas a la cámara oculta en el Parlamento Europeo. Ayudados por la diputada euroescéptica Nikki Sinclaire, los reporteros grabaron a los parlamentarios cuando entraban y salían casi de inmediato de sus oficinas. Las imágenes se acompañaban de un rótulo con la hora para intentar demostrar que varios eurodiputados solo acudían a fichar para cobrar una dieta de 304 euros.
Sueldo de 6.200 euros
A diferencia de la investigación llevada a cabo por el histórico diario británico, las revelaciones de 'News of the World' no han tenido ninguna repercusión política. Ambos asuntos, sin embargo, han devuelto al primer plano el coste de las instituciones europeas, uno de los argumentos más utilizados por los euroescépticos junto con las cesiones de soberanía. Según la Eurocámara, un diputado cobra 6.200,72 euros mensuales antes de la aplicación de impuestos nacionales. Adicionalmente, reciben 4.299 euros para el mantenimiento de sus oficinas y otras dietas en concepto de gastos de viaje y estancias. Su asignación mensual se completa con 19.709 euros para la contratación de asistentes.
Pese a que la factura actual de las instituciones comunitarias alimenta los argumentos euroescépticos británicos, lo cierto es que Reino Unido y la UE no sintonizaron desde el principio. Para empezar, el Gobierno de Londres no formó parte del grupo de seis países -Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo- que fundaron la Comunidad Económica Europea en 1957. Gran Bretaña, incluso, se unió en 1960 a una estructura continental paralela conocida como EFTA que aglutinaba principalmente a los países nórdicos y Suiza concebida para la puesta en marcha de una zona de libre comercio, pero con objetivos menos ambiciosos.
El experimento británico no es que saliera mal, pero el embrión de la UE resultó mucho más boyante. Londres intentó dar marcha atrás y se encontró con el veto del presidente francés, Charles De Gaulle, a su ingreso. Reino Unido tuvo que esperar hasta 1973 para ser aceptado tras diez años de bloqueo. Este enfrentamiento dejó las primeras cicatrices, que volvieron a ensancharse en los ochenta con la oposición frontal de Margaret Thatcher al desarrollo político de la Unión. En los últimos años las estridencias se han suavizado, pero el actual primer ministro, David Cameron, se ve cada vez más descolgado de un proyecto liderado claramente por los países miembros de la Eurozona.