ETA ingresó 54.000 euros a través de la trama recaudatoria montada en torno al bar Faisán de Irún después del presunto 'chivatazo' policial que avisó al dueño del establecimiento de que la red estaba sometida a vigilancia. La Justicia francesa ha exhibido esta semana en audiencia pública el recibo expedido por la tesorería etarra a favor de dos constructores navarros, que lleva fecha de junio de 2006, el mes siguiente del supuesto soplo y cuarto de la tregua entonces vigente.
El juez Philippe Vandingenen, presidente del Tribunal Especial de lo Criminal de París, leyó a última hora del lunes un informe sumarial sobre el 'impuesto revolucionario' en el juicio al presunto exdirigente de ETA Peio Eskisabel Urtuzaga, 'Xerpa'. El escrito concluía con la evocación, entre los casos autentificados de extorsión, de la entrega de 54.000 euros por dos empresarios navarros a Julen Madariaga, cofundador de ETA, para hacérselos llegar a Joseba Elosua, propietario del Faisán.
A petición del fiscal, Olivier Bray, el tribunal proyectó en las dos pantallas de la sala de vistas el recibo acreditativo del pago. El documento da fe de que ETA ha «recibido en su integridad» los 54.000 euros que había reclamado en noviembre de 2001 a José Javier Azpiroz Noain y Juan María Saralegui Caballero, socios de la constructora Azysa SL. Lleva en filigrana el emblema del hacha y la serpiente, tiene en el ángulo superior izquierdo el anagrama de 'Bietan Jarrai' y está fechado en junio de 2006, cuarto mes de la tregua entonces declarada por ETA.
El justificante fue encontrado por la Policía el día 20 de aquel mes en el domicilio en Bayona de José Antonio Cau Aldalur, 'Burutxuri', presunto recaudador de ETA en el País Vasco francés. Su arresto se produjo en el marco de la operación conjunta dirigida a ambos lados de la frontera por los jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurence Le Vert, que había tenido que ser suspendida mes y medio antes a causa del supuesto 'chivatazo' recibido por Elosua el 4 de mayo.
Con cargos
Seis días más tarde, el 26 de junio, Grande-Marlaska dejó en libertad con cargos a Azpiroz y Saralegi tras tomarles declaración, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no pidió ninguna medida cautelar. Pero les inculpó por colaboración con organización terrorista pues «se hizo constar por los imputados el que deseaban hacer llegar a ETA que este pago lo era con carácter voluntario y con el fin de favorecer el denominado proyecto de paz», escribía el magistrado en un auto emitido en aquella fecha.
La imputación fue confirmada por el juez Baltasar Garzón, de regreso a su juzgado tras una excedencia, mediante un auto de procesamiento dictado el 24 de octubre de 2008. En él el magistrado afirmaba que los dos constructores navarros hicieron llegar la suma de 54.000 euros a Madariaga «el 29 de abril de 2006 a través de un abogado de su elección» y con la intervención de Elosua y de Ramón Sagarzazu, otro presunto responsable de la red extorsionadora.
La resolución precisaba que el recibo original intervenido a Cau y fechado en junio, «según la operativa de la organización terrorista, debía ir a parar a las manos de los imputados». Además, añadía que ETA no patrocinaba un proyecto de paz ni había abandonado la violencia en el momento del pago.
Garzón procesó en el mismo auto a otras 22 personas como epílogo a ocho años de investigaciones sobre el aparato de extorsión de ETA, denominado 'Gezi' en clave interna. Entre ellas figuran Soledad Iparragirre, 'Anboto', tesorera de ETA hasta su arresto en octubre de 2004, Elosua, Sagarzazu y Peio Eskisabel, el preso de ETA juzgado estos días en París.
El importe del recibo exhibido en su juicio -54.000 euros- coincide al cambio con los nueve millones de pesetas -«nueve botellas de vino», según el código de la trama- que Elosua debía entregar a Cau el día del supuesto 'chivatazo'. Estaba previsto que el presunto recaudador etarra fuera detenido por la Policía española en la frontera de regreso a Bayona en posesión del dinero recién recibido de manos del dueño del Faisán.
Desde la cabina
Pero alguien avisó, aparentemente un mando policial, a Elosua de lo que se tramaba y fue él quien alertó desde una cabina a Cau y cruzó la frontera para reunirse en territorio francés. Del dinero nada se supo aquel 4 de mayo.
La operación hispano-francesa contra 'Gezi' se ejecutó finalmente el 20 de junio. Los detenidos, sorprendentemente, no habían aprovechado el mes y medio dentro de la tregua para deshacerse de todas las evidencias. Entre las pruebas que se les confiscaron estaba el recibo acreditativo de que ETA ingresó en junio, en pleno alto el fuego y después del 'chivatazo', 54.000 euros o «nueve botellas de vino» en la jerga de los efímeros impunes.
