Apenas dos votos separaron a Sortu de la legalidad. Nunca antes la izquierda abertzale tradicional se había visto tan cerca de contar con el aval de la Justicia española. La Sala del 61, la que se encarga de aplicar desde 2003 la ley de partidos, vivió el pasado miércoles uno de los debates más intensos en sus ocho años de andadura. La discusión fue tal que los integrantes de este órgano especial tuvieron en algunos momentos de la tarde la sensación de estar partidos «en dos». Una fractura en toda regla entre la élite de la magistratura.
Aunque no hubo una votación como tal en la que los 16 jueces tuvieran que emitir un sí o un no a la nueva marca, por la discusión de los diferentes aspectos del caso los presentes en la Sala llegaron a un mismo diagnóstico: mientras nueve magistrados -los englobados en el ala conservadora y moderada del tribunal- defendían cerrar el paso a Sortu, otros siete -todos los del bloque progresista- evidenciaron sus recelos y dudas. Estos últimos entendían que los estatutos del partido se ajustan «a la perfección» a lo que la ley exige y que no existían pruebas de peso suficientes para echarlo atrás. Al final, sin embargo, sólo tres de ellos expresaron ante el plenario su voluntad de firmar un voto particular discrepante. Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, se trata de un jurista de larga trayectoria en el Supremo, José Luis Calvo Cabello, y de dos recién llegados, Rafael Gimeno-Bayón y Alberto Jorge Barreiro.
Los tres expresarán por escrito su discrepancia, aunque no se descarta que alguno de los otros cuatro magistrados no convencidos por completo puedan sumarse a alguno de los textos de sus compañeros o que, incluso, suscriban los siete un documento conjunto. «Se lo están pensando», aseguraba ayer una fuente del Supremo. En esa duda estarían ahora mismo los presidentes de lo Civil, Juan Antonio Xiol, de lo Contencioso, José Manuel Sieira, y de lo Social, Gonzalo Moliner, además de Manuel Alarcón.
Sea como fuere, las más de siete horas de debate en la Sala del 61 evidenciaron que la decisión final llegó «al límite» de lo deseable. Aunque no ha dado ninguna muestra de desánimo y ayer mantuvo su agenda, diversas fuentes apuntan a que la división generada ha molestado al presidente del Supremo, Carlos Dívar, magistrado que en su dilatada carrera siempre ha huido de los enfrentamientos.
En el tribunal confesaban ayer que el choque jurídico de los integrantes de la Sala del 61 y la fractura en dos muestran que las dudas sobre la ilegalidad del nuevo proyecto de la izquierda radical son máximas. «Desde antes de la vista pública se sabía en la 'casa' que iba a haber votos particulares si no se autorizaba la inscripción. La carga de prueba no era suficiente», explicaba ayer un juez que no participó en la discusión pero que era favorable a Sortu. En su opinión, «se está tensando la cuerda hasta el límite» y se está adentrando en un terreno donde las «elucubraciones» tienen un mayor peso que las pruebas. «En el fondo se ha tratado de interpretar las verdaderas intenciones de Sortu», coincidía otro magistrado del Supremo.
El criterio mayoritario de la Sala, que Carlos Lesmes ha comenzado a plasmar en una sentencia con el objetivo de que esté lista para comienzos de la próxima semana, es otro bien distinto. Entienden que hay «fraude de ley» y que la voluntad de los promotores del partido es la de envolverse en un formato legal para, una vez en las instituciones, mantener el mismo discurso y actitud ante el terrorismo que la ilegal Batasuna. «Cuando alguien trata de incumplir la ley siempre da una imagen de legalidad a todo lo que hace», añadía un juez.
En un «compromiso»
Juristas de diversa tendencia auguraron ayer que las discrepancias del Supremo se volverán a repetir en el Constitucional. «Es lo normal» porque, en su opinión, la izquierda abertzale «ha llegado más lejos que nunca» con su rechazo de la violencia, incluida la de ETA, y «ha puesto en un compromiso» a la judicatura española. Algunas fuentes consultadas explican que los argumentos de la defensa de Sortu llegaron a dejar «boquiabiertos» a, al menos, dos magistrados que finalmente se decantaron por el 'no'. «Con lo que dijo Iruin en la sala de vistas más los votos particulares el recurso será de enorme altura», insistían.
Se da por seguro que los abogados de la izquierda abertzale presentarán un recurso ordinario de amparo ante el Constitucional, aunque no está tan claro que vayan a darse prisa en redactar el escrito. Una vez que reciban la sentencia la próxima semana, la defensa del partido tiene 30 días para solicitar el amparo. Aunque en el Constitucional insisten en que podría haber alguna posibilidad de analizar el caso antes del 18 de abril -fecha en la que se dará por cerrado el plazo para presentar las candidaturas-, quienes conocen la forma de trabajar de Iruin sospechan que el abogado «no se dará prisa».
Como ya informó este periódico el pasado martes, el 'cerebro' legal de Sortu no cree que haya tiempo material de que el más alto tribunal del Estado resuelva en plazo. Por ello, no sería nada descartable que el propio Iruin se lo tome con calma para llevar al Constitucional un potente escrito y por si se cumple la predicción de que la izquierda abertzale va a presentar plataformas electorales en los pueblos que pudieran demandar sus servicios legales al ser impugnadas por Fiscalía y Abogacía del Estado.
El abogado, sostienen algunas fuentes, podría, además, anotarse un «tanto» en el supuesto de que el Constitucional diera marchamo de legalidad al partido dentro de unos meses. «Podrían hablar de 'pucherazo'», advertía ayer un magistrado, que acto seguido restaba credibilidad a quienes dan por seguro que habrá un visto bueno a Sortu del alto tribunal. «En el Constitucional siempre puedes tener alguna posibilidad más porque es un tribunal que sólo se preocupa de ver si se ha vulnerado un derecho fundamental. Pero a priori todo puede pasar». Habrá que esperar.
