«Por mucho menos de esto se han exigido dimisiones». Todos los partidos de las Juntas Generales, salvo el PNV, sumaron ayer sus fuerzas para exigir que se investiguen las «irregularidades» que han aflorado en la gestación y construcción de la planta de purines de Carranza. La oposición en la Cámara vizcaína pidió en bloque que comparezcan en sede parlamentaria una serie de personas que han estado relacionadas con el proyecto, que entró en punto muerto hace pocos meses con las obras ejecutadas al 30% y tras un gasto público superior a los 10 millones de euros. Algunos grupos también adelantaron su intención de ampliar en los próximos días la petición que el Parlamento autonómico enviará al Tribunal Vasco de Cuentas -en un escrito firmado con la única ausencia del partido jeltzale- para que aclare el destino dado a las subvenciones que recibió la sociedad Karrantzako Minda. Su idea es que el organismo fiscalizador controle las ayudas concedidas por la Diputación a la promotora, y no sólo las aportadas por el Ejecutivo de Vitoria.
Las Juntas Generales pidieron que se extreme el control de las ayudas durante la comparecencia que la consejera de Medio Ambiente, Pilar Unzalu, ofreció ayer en la sede de Hurtado Amezaga para dar cuenta del estado en que se encuentra la infraestructura, que fue concebida para solucionar el problema ambiental que sufre el valle de Carranza por los desechos de la cabaña ganadera. En la línea de la intervención que ofreció la pasada semana en el Parlamento, Unzalu explicó que la decisión del Ejecutivo de cerrar el grifo de las subvenciones -tenía pendientes de aportar 3,5 millones- se precipitó cuando empezaron a recibir facturas «injustificadas» y un representante del Departamento observó in situ que, a pesar de que ya se habían aportado 10 millones de euros, las obras apenas habían comenzado en el barrio de las Torcachas.
La consejera detalló algunas de las irregularidades que ya han sido desveladas por este periódico: facturas que no cuadran, presupuesto disparado de 12 a 26 millones y lagunas «básicas» en la planificación del proyecto apuntadas por los estudios de Neiker y la UPV, entre otras. Todo este amplio abanico de anomalías provocaron que los partidos de la oposición se aliasen para solicitar nuevas citaciones: seis, en total.
Se trata del director de Innovación del anterior Gobierno vasco, Martín Ascacibar, que firmó subvenciones millonarias a Karrantzako Minda antes de fichar como consejero delegado de la promotora. Ascacibar también figuraba como consejero de Ade Biotec, la firma que fue contratada para construir y gestionar la planta durante 20 años. La siguiente comparecencia solicitada es la de Concepción García Alonso, también relacionada con Karrantzako Minda y, en palabras del juntero del PP Arturo Aldecoa, auténtica «mano derecha» de Ascacibar, que dejó estos cargos hace pocos meses.
«Ninguna inquietud»
Después, los grupos apuntaron hacia el Ayuntamiento de Carranza, en el que su alcalde en funciones, Txema Martin Iparraguirre, ya ha rechazado dar explicaciones en la Cámara. En concreto, se pidió la presencia de los concejales del PNV Ignacio Muro, que, según el miembro de Alternatiba Jonathan Martínez, ha actuado «como portavoz» de la compañía en el Consistorio, y Garbiñe Aja. Por último, los grupos acordaron citar a «dos o tres» representantes de Ade Biotec. En concreto, y aunque podría haber variaciones en función de los cambios que se hayan producido en el organigrama de la mercantil, convocaron a Alfredo González y a Miguel Ángel Fernández Ibarrondo.
Por su parte, el portavoz del PNV Josu Arteta protestó ante el presidente de la comisión, Isaac Fernández (PSE), al entender que la convocatoria no se estaba realizando de forma procedente. El representante jeltzale, que se abstuvo en la votación, centró su intervención en destacar la correcta justificación de las subvenciones concedidas por la Diputación y, después de recordar el problema medioambiental de Carranza, en criticar al Gobierno vasco por no haber «parado antes» el proyecto si tenía sospechas de irregularidades. Estas palabras provocaron un enfrentamiento con el portavoz del PSE Iñaki Egaña, que le reprochó no tener «ninguna inquietud» por todas las anomalías detalladas en un tema que, a priori, evidencia «graves irregularidades».
