El miércoles de esta misma semana la vicepresidenta económica, Elena Salgado, adelantó las últimas directrices para el saneamiento del sector financiero. Básicamente, consisten en la observancia de un ratio de 'core capital' (capital y reservas sobre activos en riesgo) del 8%, el umbral normativo más alto del mundo, y que será aún más riguroso -el 10%- para el caso de aquellas entidades que no coticen, o no tengan presencia en su capital de al menos el 20% de inversores privados, y que además detenten una proporción de vencimientos pendientes de financiación mayorista superior al 20%. Estos supuestos alcanzan en plena línea de flotación a las cajas de ahorros.
Para adaptarse a las nuevas exigencias, las cajas deberán procurarse inversores institucionales en el período inaplazable que media hasta el próximo mes de setiembre o bien dar entrada al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que inyectaría capital en ellas previa su transformación en bancos, tomando las riendas de su gestión. En estas circunstancias, un número indeterminado de cajas resultaría nacionalizado interinamente durante un máximo de cinco años para, una vez saneadas, ser vendidas al mejor postor de turno, bien un banco nacional o internacional, que tal vez haya sido también rescatado con los fondos de los contribuyentes, o uno de esos fondos que ya recorren los bufetes de la capital, especialmente adiestrados para hacer el agosto en los 'outlets' y bazares de las rebajas.
La ciclotimia normativa sobreviene cuando la industria cajera acaba de satisfacer escrupulosamente las condiciones estipuladas en el Real Decreto Ley 11/2010, de julio pasado. Laboriosos procesos de negociación culminados en formulas de integración (SIPs), fusiones o absorciones han adelgazado a fecha de hoy el mapa de las cajas haciéndolo mas versátil y competitivo.
A la desorientación provocada por esta brusca maniobra regulatoria de frenado y marcha atrás, sigue una etapa de discriminación del escenario de juego ('playing field') tanto respecto de los bancos nacionales, algo que rebasa los umbrales de toda lógica, como en relación a sus homónimos europeos, que atraviesan por análogos o mayores problemas, pero que disponen hasta 2019 para capitalizarse según los requerimientos postulados por Basilea III.
Pero es que, además, la iniciativa acarrea algunos males mayores para la economía española en su conjunto, con independencia de rubricar la eutanasia gradual de la profesión.
A pesar de que las cajas están provisionadas conforme a lo preceptuado por el supervisor, y algunas de ellas superan con holgura incluso las exigencias de los nuevos requerimientos, el mensaje lanzado por el Gobierno podría confundir gravemente a la ciudadanía, que puede atisbar tras la catarata de normas poco menos que la quiebra generalizada del sector.
A contrarreloj, las entidades de ahorro se verán obligadas a desapalancar posiciones comenzando con su cartera de participaciones industriales, siendo igualmente inevitable una nueva contracción del crédito, que hará más penosa aún la ya precaria financiación de particulares y muy especialmente de las pymes.
Irreparable resultará la desaparición a medio plazo del dividendo social de las cajas. ¿Se ha pensado por un instante quien repondrá los cerca de 2.000 millones de euros anuales de obra benéfica y social, un 'pay-out' del 30% de los beneficios netos del sector? ¿Y qué iniciativa remplazará sus fines fundacionales coadyuvando al desarrollo de las iniciativas regionales, evitando la exclusión de los más frágiles y necesitados, fomentando la competencia financiera y el ahorro popular?
A medio o aún a corto plazo, la transformación o eventual absorción del 50% del sistema, aumentará la concentración del sector financiero justamente en un momento en que los reguladores de todo el planeta cuestionan la trayectoria de la entidades 'demasiado grandes para quebrar', portadoras del germen del riesgo sistémico.
No se trata de ignorar los graves problemas del colectivo. Pero es evidente que las cajas son el chivo expiatorio, los rehenes canjeados en la operación de rescate de la credibilidad exterior del país. Mucho nos tememos que este delirio terapéutico -sin haber ahondado con responsabilidad en otras alternativas-, solo por acallar transitoriamente el recelo de los inversores internacionales, ahonde la desmoralización y el complejo de inferioridad de nuestros dirigentes políticos, una vez vuelvan a ser árbitros imparciales de sus actos y mediten lo que han impulsado a transformarse hasta su desaparición.
Suponiendo que fuera cuestión de vida o muerte la inmolación ejemplarizante del colectivo de las cajas de ahorro, hágase, pero para que la sedación de los mercados exteriores sea aún mas gratificante y duradera, el requisito de 'core capital' debería elevarse hasta el 15% o el 20%. O mejor aún al 25%. Ello obligaría al desembarco del FROB en la totalidad de las cajas y así, este Gobierno y aquellas formaciones políticas que lo han apoyado sin fisuras, incluido el Banco de España, ganarían por goleada el 'match' de su reputación internacional.
El 'Guiness' les acreditaría el récord planetario de la capitalización, la madre de todas las exigencias regulatorias. Los historiadores del futuro tal vez les recuerden como los promotores del mayor escamoteo financiero de la democracia: el desprecio a una brillantísima ejecutoria social de dos centurias y un frontal insulto a la inteligencia.
Seguidamente, como se trata de una idea portentosa, podrían sugerir a Angela Merkel que hiciese lo propio con las 'Sparkassen' y 'Landesbanken' alemanes.
