La mayoría de las organizaciones de viticultores de la Denominación de Origen Calificada 'Rioja' (UAGR, UAGA, UAGN, EHNE y UPA) insistieron ayer en que «es legal» el establecimiento de un contrato tipo obligatorio entre los productores y las bodegas, con la finalidad de dar una mayor transparencia al mercado.
Estos cinco sindicatos agrarios fueron los grandes derrotados en la aprobación esta semana del Presupuesto del Consejo Regulador de la DOC para 2011. El visto bueno se producía tras dos meses de tensión tras negarse el sector productor en bloque a respaldar las cuentas.
Después de muchas negociaciones (en las que no se ha contado con ellos, según afirman), el Presupuesto salió adelante gracias al apoyo de las bodegas, las cooperativas (no las alavesas) y ARAG-Asaja, que cedió tras obtener como contrapartidas el establecimiento de un contrato tipo voluntario y la creación de un observatorio de precios.
Estos logros no convencen al resto de productores, que han remitido al Ministerio de Medio Ambiente su propuesta para el establecimiento de un contrato tipo obligatorio en el que se fije un precio (no uno mínimo). «Se nos decía que era ilegal, pero dudamos de que lo sea, porque pactar un precio entre comprador y vendedor no es ir contra la competencia», explicó Alberto Sáenz, de EHNE.
«Un contrato tipo que no sea obligatorio es papel mojado», añadió José Luis Pisón, de UAGR.
También han remitido la propuesta de contrato tipo a la Comisión Nacional de la Competencia, para que evalúe su viabilidad. Pedro Luis Cadarso, de UAGN (inscrito en Asaja, como ARAG), recalcó que sectores como el lácteo ya cuentan con propuesta de contrato obligatorio.
«Cada uno es responsable de sus decisiones, pero la de unos las sufrimos siempre los mismos, el sector productor», criticó. «Se ha hecho un aporte de casi catorce millones de euros a cambio de nada», matizó Jesús Bauza, de UAGA, ya que los contratos voluntarios «ya existían», y el observatorio, sin contratos obligatorios, no será representativo del mercado, ya que habrá operaciones que no se registren allí.
«Nos dejan en pérdidas»
Eusebio Fernández, de UPA, fue muy crítico con las bodegas, de quienes dijo que «se permiten el lujo de criticar nuestras posturas, cuando su modelo de 'Rioja' a nosotros nos deja en pérdidas».
También recriminó a ARAG haber formado parte de varios acuerdos «que han arruinado y no han aportado nada al agricultor». Y a los gobiernos les acusó de «irse de rositas». Fernández recordó que las cinco organizaciones tienen, en conjunto, más votos que ARAG-Asaja, y Pisón subrayó que «esta 'minoría' representa a 4.404 agricultores y 15.000 hectáreas».
ARAG respondió en un comunicado que su posición «ha sido el dar estabilidad y garantías jurídicas a las operaciones que se firmen en el futuro». Insiste en que la Ley no permite el contrato obligatorio y asegura que un Consejo sin Presupuestos «hubiese supuesto el desprestigio de la Denominación».
