El Consejo de Ministros aprobará hoy el decreto que regula la nueva ayuda de 400euros para parados sin cobertura, que estará obligatoriamente ligada a la formación durante seis meses.
Este nuevo subsidio tendrá un coste anual de 400 millones de euros y beneficiará a cerca de 80.000 desempleados al mes, según el Ministerio de Trabajo. El lunes, 14 de febrero, concluye el periodo de funcionamiento del actual Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), los 426 euros que hasta ahora percibían los parados sin ingresos.
La nueva ayuda será una paga de acompañamiento a la formación, equivalente al 75% del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM), marcador que sirve como referencia para la obtención de numerosos beneficios sociales y que actualmente está fijado en los 532,51 euros. Según el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, los parados podrán acceder a ese servicio durante un periodo máximo de seis meses, tras aceptar someterse a «un itinerario individual y personal de inserción».
Como ya ocurrió con el PRODI -un subsidio que solo se podía cobrar durante seis meses- la nueva ayuda no podrá ser percibida por quienes ya se han visto favorecidos por planes anteriores.
Los menores de 30
El borrador, que no se ultimó hasta ayer, también regula el calificado por el Gobierno como «plan de choque de empleo». En el texto se han incluido garantías en los contratos temporales para luchar contra la precariedad del empleo juvenil, un requisito exigido por los sindicatos durante la negociación del acuerdo social y económico.
Este programa busca «la transición hacia la contratación estable». Está dirigido, de forma especial, a los menores de 30 años y los desempleados de larga duración, y conlleva una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante el primer año de vigencia del contrato. La jornada de estos nuevos empleados a tiempo parcial debe oscilar entre el 50% y el 75% de la habitual.
Según explicaron fuentes de Trabajo, las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán obligadas a mantener el nivel de empleo. De no cumplir esta exigencia tendrán que devolver la parte que se han deducido.
Salgado y Gómez defendieron ayer ante la comisión del Pacto de Toledo la reforma de las pensiones pactada con patronal y sindicatos y aseguraron que la medida permitirá ahorrar 3,5 puntos de PIB en 2050. Los populares censuraron el acuerdo, del que se sienten apartados por el Ejecutivo socialista.
