La modificación del Reglamento del Senado para facilitar el uso de catalán, euskera y galego en la discusión de las mociones durante las sesiones plenarias, ha debutado rodeada de un gran ruido mediático. Ruido azuzado con un espectacular despliegue por los medios de la derecha española en un claro apoyo al PP, único partido opuesto frontalmente a esta iniciativa. Se han echado las manos a la cabeza por que «entre españoles haya que usar auriculares para entenderse», y por el «injustificable gasto superfluo» que supone el uso de las lenguas cooficiales de alguna de nuestras comunidades autónomas.
En el fondo, late una concepción distinta, yo diría, contrariada, por parte del PP respecto al Estado autonómico, cuya limitación e incluso uniformización estaría dentro de sus objetivos más próximos. Al PP le molesta la existencia de nacionalidades históricas como Euskadi, Catalunya y Galicia, y su significado en el entramado político español, como le pasó a Fraga con el título 8º de la Constitución. De ahí que estén planteando el debate a partir de elementos secundarios, como éste de las lenguas. «¿Qué es eso de pagar, con dinero público y en tiempos de crisis, a un puñado de intérpretes en lugar de usar siempre el castellano, que dominan todos los senadores?». La demagogia en esta cuestión está siendo estruendosa: el Senado, aun aumentando el presupuesto para interpretación en un 150%, ha conseguido ajustar sus cuentas para 2011 con una disminución del 6,7% respecto a 2010. Sin olvidar nunca, en política, que la democracia es más cara que la dictadura y respetar los derechos más caro que pisotearlos.
Es cierto que el Senado es una Cámara cuestionada. Creado en el siglo XIX, lo abolió la dictadura de Primo de Rivera en los años 20, y ni la II República ni la dictadura franquista lo repusieron. Fue la Constitución de 1978 la que restauró la Cámara con funciones definidas y elegida por sufragio universal, no como en su origen decimonónico en que se llamaba Institución de Próceres, y sus componentes eran de designación real. Su papel está en cuestión, porque de hecho funciona como una Cámara de segunda lectura, no justificando el papel que le otorga la Constitución.
Por eso es tan importante la decisión de que todas las lenguas cooficiales tengan su sede parlamentaria en el Senado: es una expresión simbólica de aspirar a convertirse en una cámara territorial en representación de las comunidades autónomas. Evidentemente, para llegar a ser un auténtico foro de representación territorial hace falta una reforma mucho más general y en este sentido, un mayor uso de las lenguas cooficiales puede ser una imagen desenfocada, como simulando que el Senado se acercara al objetivo de territorialización que todos los grupos proclaman, pero para cuya consecución nunca existen ni la voluntad ni el acuerdo necesarios.
Más allá de la negativa política del PP, la apertura del Senado a catalán, euskera y galego significa la aceptación de una realidad social y de la riqueza cultural y lingüística de nuestro país. La mayoría del Senado es el reflejo de una mayoría social, la opinión pública en este caso no es la misma que la opinión publicada. Es una manera adecuada de cumplir, en el lugar adecuado, el precepto constitucional que señala que las lenguas cooficiales deben ser objeto de especial respeto y protección. Quizá a partir de ahí sea más fácil avanzar hacia el papel de Cámara territorial, al estilo del Bundesrat alemán. Y además, ha sido capaz de ofrecer milagros, como el de ver al senador Anasagasti, del PNV, en un esfuerzo que le honra, leyendo en público, por primera vez, a trancas y barrancas, unos folios en euskera. Con más entusiasmo que pericia contradiciendo su vieja afirmación de que «loro viejo no aprende a hablar». Todo es cuestión de empezar...
