El grupo inversor catalán que aterrizó en 2005 en la localidad alavesa de Zambrana a la espera de conseguir una recalificación urbanística que le permitiera levantar allí industrias tan importantes como la central de ciclo combinado que luego ha ido a parar a la vecina localidad de Lantarón se ha visto también involucrado en otro proceso judicial al margen del aquí investigado. Al parecer, según las fuentes consultadas, se trata de una denuncia interpuesta por los actuales gestores de Riera Urbanizer contra los que estaban en activo en el momento de hacer efectivo el pago de las opciones de compra por valor de 5 millones de euros. La denuncia estaría relacionada con unos pagos que fueron facturados dentro del mismo grupo sin que haya constancia de ellos. En concreto y según las fuentes consultadas, se habría facturado el mismo trabajo a dos firmas diferentes.
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Riera se enfrasca en otro proceso judicial en Barcelona
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