El 'caso Faisán' tiene vida. Lejos de archivar las actuaciones, como pedía la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio ayer un impulso a la investigación sobre el supuesto 'chivatazo' policial a la red de extorsión de ETA, que alertó en mayo de 2006 de una operación antiterrorista contra el entramado financiero de la banda. El instructor cuestionó en un duro auto los exámenes realizados hasta la fecha por las autoridades policiales y ordenó una batería de diligencias para concretar las pruebas obtenidas en el bar Faisán de Behobia, donde se produjo el presunto soplo. En la causa están imputados tres altos cargos policiales, entre ellos el exdirector general Víctor García Hidalgo, por colaboración con organización terrorista y revelación de secretos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 justificó su decisión de reactivar la causa por las evidencias de que «nos encontramos ante una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tendente a evitar la detención (...) de determinadas personas que estaban siendo investigadas (...) sobre la composición de una red de apoyo a la organización terrorista ETA encargada de recaudar el 'impuesto revolucionario'».
Evitar una detención
El instructor considera que la «delación policial» al imputado Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán y supuesto miembro del aparato de extorsión de ETA, se produjo para tratar de evitar la «inminente» detención del presunto etarra José Antonio Cau Aldalur, residente en Francia, quien tenían previsto acudir a Irún el 4 de mayo de 2006 para reunirse con Elosúa a fin de recibir una cantidad de dinero procedente del 'impuesto revolucionario'. Este aviso -explica el juez- impidió ese mismo día una operación antiterrorista en España y Francia contra otras nueve personas de la red de extorsión. Una actuación que se llevó a cabo finalmente el 20 de junio de 2006.
El auto en el que juez transforma las diligencias previas en sumario estima que existen elementos suficientes para creer «factible y racional» que los altos cargos policiales imputados por el supuesto 'chivatazo' -García Hidalgo, el jefe superior en el País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de las Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros- pudieron cometer un delito de colaboración con organización terrorista, penado con hasta diez años de cárcel.
Para concretar la acusación, el juez Ruz ordena practicar nuevas diligencias. Lo hace, también, a la vista de las «contradicciones» de algunos testigos sobre los hechos sucedidos en el bar Faisán.
Precisamente, la primera pesquisa va dirigida a tomar declaración como testigos el 8 de febrero al inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, a la jefa de la Sección de Análisis, y al subdirector del periódico La Razón, Jesús María Zuloaga, ya que en la investigación consta una llamada telefónica del periodista al imputado Pamiés de la que se extraen «datos de relevancia» para el proceso.
De la misma forma, el juez solicitó al equipo policial que llevó a cabo la investigación que detalle por qué existen cortes en el vídeo en el que se mostraban los movimientos registrados en la puerta del bar Faisán cuando se produjo el 'chivatazo'. El instructor quiere una «certificación de la cadena de custodia» de la cinta y conocer a «los funcionarios o terceros» que se hicieron cargo de este material hasta que llegó al juzgado.
De igual modo, reclama a la Guardia Civil que realice otro examen pericial sobre este vídeo para conocer si las causas de los cortes se produjeron «por agentes externos, accidentalmente o por deterioro», tal y como concluye un informe de la Policía recogido en el sumario. A tal fin pregunta al instituto armado si hay alguna «técnica audiovisual por la que pueda llevarse a cabo la recuperación de las imágenes borradas».
El confidente
Ruz solicita al equipo investigador que determine la hora exacta en que se produjo la salida del bar Faisán de su propietario, Joseba Elosúa, y si sus agentes estaban vigilando las dos puertas del establecimiento. Con esta diligencia quiere conocer si fue el inspector de Álava, José María Ballesteros, quien entregó a Elosúa el móvil con el que se habría producido el soplo, según la investigación. El juez ordena además a Ballesteros y Pamiés que es «indispensable» que identifiquen al confidente etarra que fue citado por éstos para explicar el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar Faisán.
Por último, Ruz está interesado en que la Policía especifique el método que siguieron para acotar las 1.932 llamadas sospechosas que se realizaron en la zona entre las 11.10 y las 12.00 horas del 4 de mayo de 2006, y por qué acabaron seleccionado 63, una de las cuales fue el origen del caso. Para practicar todas estas diligencias, el instructor da un plazo de dos semanas.
