El Gobierno vasco abrió ayer con estrépito el debate sobre el futuro de los pisos protegidos en Euskadi. Y lo hizo con una novedosa propuesta, desconocida hasta ahora en España e incluida en el anteproyecto de ley de Vivienda que presentó el consejero Iñaki Arriola: la posibilidad de que la Administración autónoma expropie un piso protegido cuando su titular o titulares, después de que Etxebide les haya entregado el inmueble, hayan visto aumentar sus ingresos hasta duplicar durante tres años consecutivos el máximo permitido para acceder a los sorteos.
La aplicación de esa drástica medida, extensible tanto a los pisos de calificación pública que ya están adjudicados como a los que se adjudiquen en el futuro, supondría para los titulares individuales del inmueble la obligación de vendérselo al Gobierno vasco cuando ganen, en el caso de una VPO, de 70.000 euros anuales en adelante; y en el supuesto de una vivienda tasada, de 91.000 para arriba. Si la propiedad corresponde a una pareja que vive con dos salarios, la expropiación se empezaría a aplicar cuando las dos fuentes de ingresos sumen 82.000 euros (VPO) o 106.000 (tasada). Y si se trata de una pareja con dos sueldos y un hijo, tendría que desprenderse obligatoriamente del piso cuando el montante global de sus ingresos ascienda a 92.000 euros (VPO) o 120.000 (tasada).
«Ésta es nuestra propuesta», declaró Iñaki Arriola, quien advirtió de que la futura Ley de Vivienda concierne «a todos los ciudadanos, tanto a los que tienen piso como a los que no». El consejero socialista hizo votos para alcanzar un «consenso amplio» entre las instituciones vascas, los agentes sociales y los partidos políticos. Sin embargo, en su departamento admitieron que la idea de echar del parque público de vivienda a las personas que ganen sumas «manifiestamente elevadas», aunque hayan comprado las VPO hace muchos años, plantea evidentes dificultades jurídicas, si bien pone sobre el tapete una «reivindicación» que circuló el año pasado en las discusiones del Pacto Social por la Vivienda.
El Gobierno vasco abrió ayer mismo un foro sobre el anteproyecto de ley en la web de Etxebide (Etxebide.info) y en el portal de Irekia. El consejero Arriola, ex alcalde de Eibar y «municipalista convencido», era consciente de la controversia que desatará su iniciativa. Y no sólo entre los internautas y en las redes de Twitter y Facebook, sino en los ayuntamientos y las diputaciones, que velan sus armas para la campaña de las elecciones municipales y forales, convocadas en mayo.
No antes de 2012
Arriola tampoco ignoró las reacciones encontradas que, a buen seguro, protagonizarán los grupos del Parlamento vasco, los cuales no recibirán oficialmente el texto legal hasta diciembre próximo. Eso significa que la Ley de Vivienda sólo se aprobará en la Cámara bien entrado 2012, y eso si el PSE logra una mayoría, que sólo es posible con PNV y/o PP.
En realidad, la expropiación de los pisos públicos a los propietarios con rentas elevadas -unida a las previstas por tener vacío el inmueble, uso indebido y venta no autorizada- eclipsó ayer otros aspectos relevantes del anteproyecto de ley, entre los que destaca la reforma del régimen de la vivienda protegida. Como ya había anunciado Iñaki Arriola, a las VPO se les aplicarán en el futuro precios diferentes dependiendo de la capacidad económica de los aspirantes, si bien dentro de unos límites fijados legalmente. Al mismo tiempo cambiará la filosofía de los sorteos, ya que los candidatos serán clasificados por estratos de renta, recibiendo prioridad las familias con hijos que lleven más tiempo apuntadas en las listas de Etxebide.
En términos prácticos, estos cambios comenzarán aplicarse antes de que la Ley de Vivienda entre en vigor, a través de normas de inferior rango. Sin embargo, existe otra novedad recogida en el anteproyecto que sólo será efectiva si sale adelante en la Cámara vasca: el reconocimiento del derecho a un piso de alquiler, exigible ante el juez, una cuestión que tiene claras repercusiones presupuestarias y que el Ejecutivo autónomo ha sacado a la palestra en plena crisis financiera y fiscal.
Según el anteproyecto, la Administración autónoma materializará ese derecho otorgando al beneficiario una vivienda social en régimen arrendamiento o, en su defecto, un subsidio para que pague al casero en el mercado libre. No obstante, la prestación alcanzará a colectivos modestos y por fases. Durante el primer año de vigencia de la Ley de Vivienda, podrían exigir un alquiler o un subsidio los hogares de tres miembros con ingresos no superiores a 15.000 euros anuales (una familia de esas características con derecho a la renta de garantía y a la prestación de alquiler ingresa ahora un máximo de 14.160). Durante el segundo año, se beneficiarían las unidades de dos miembros que ganen 12.000 euros. Y a partir del tercero, lo harían los solicitantes individuales que ingresen 9.000.
En la actualidad, ya existen en Euskadi unos 20.000 pisos de arrendamiento social, a los que hay que añadir 4.500 del programa Bizigune, 16.000 prestaciones de alquiler y 6.600 rentas para jóvenes. Sólo Bizigune y las prestaciones de alquiler suman más de 70 millones de euros anuales.
