El caso del espionaje se coló por la puerta grande en el macroacto político con que el PNV dio ayer el pistoletazo de salida de la precampaña de las elecciones municipales y forales de mayo. La presentación de los candidatos sirvió para que Iñigo Urkullu evidenciase ante su militancia que el contenido del sumario en el que están imputados el exburukide de la ejecutiva peneuvista en Álava Aitor Tellería y dos ertzainas le preocupa, y mucho.
A pesar de que ya había repudiado este tipo de prácticas el sábado a través de su blog de Internet, Urkullu quiso verbalizar su rechazo en público, en tono airado y contundente, y transmitir, ayudado por los aplausos con que los asistentes rubricaron sus palabras, la idea de un partido unido frente a los comportamientos aislados de gente que «no tiene sitio» en el PNV, cuyo cometido y vocación, recalcó, es la de «servir» a la ciudadanía como avalan «nuestros 115 años de historia». Convencido de que «el cuerpo social» del partido «ratifica plenamente» su opinión, el presidente jeltzale la reiteró con mayor profusión de adjetivos: «El ejercicio de la política no puede verse interferido ni ennegrecido por prácticas ilegales, indecentes, chapuceras y asquerosas», clamó, para concluir que el servicio público no precisa más instrumentos que «las ideas y la palabra», un legado «de nuestros mayores» al que el PNV siempre ha sido «fiel».
El líder del EBB está enfadado -y no se esfuerza en disimularlo- por la sombra de sospecha que la investigación judicial arroja sobre su partido -el propio Tellería declaró ante el juez que investigaba a sus rivales políticos por encargo del Araba buru batzar, según se ha sabido ahora- y por las negativas consecuencias que el turbio 'affaire' puede tener para las expectativas electorales de su formación en Álava. Los jeltzales aspiran a convertirse en el partido más votado tras ser tercera fuerza, por detrás de PSE y PP, hace cuatro años.
Escándalos y encuestas
No fue casual que la presentadora del acto cuestionase a Xabier Agirre, diputado general de ese territorio precisamente por la victoria del PNV que las encuestas le pronostican. El candidato a la reelección aludió a la prioridad que han dado a la lucha contra la crisis y, paradójicamente, a la «oxigenación» que su mandato ha supuesto para la política alavesa. Es cierto que el espionaje y su investigación matriz, el 'caso Miñano' -presunto cobro de comisiones ilegales que costó el cargo al entonces teniente de diputado general Alfredo de Miguel hace ya casi un año- no parecen haber afectado hasta ahora a la intención de voto. Pero no lo es menos que el levantamiento del secreto del sumario ha hecho la situación mucho más angustiosa para Urkullu, que se ve con las manos atadas para pasar de las palabras a los hechos, como le reclaman cada vez con mayor insistencia PSE y PP, y expulsar del partido a los implicados, que se resisten a entregar el carné.
Ayer insistió en que quien empañe la trayectoria «ejemplar» de un PNV al que identificó con la honradez, la transparencia, la lealtad o el altruismo, o quien no entienda que la política debe ser «noble y leal con el adversario» no tiene cabida en sus filas. La dirección se escuda en los estatutos del partido, muy garantistas, para no actuar, más allá de la denuncia ética. No obstante, a nadie se le escapa lo delicado de la situación, porque el liderazgo de Urkullu se cimenta en un pacto interno con el sector soberanista de Joseba Egibar, en el que se encuadra el líder del ABB, Iñaki Gerenabarrena.
