España exportó más de 900 millones de euros en material de defensa en el primer semestre de 2010, según los datos del departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria. Es más del doble de la cantidad exportada en el mismo periodo del año anterior, y de ella un 42% se dirigió a miembros de la OTAN y la UE, y el resto se repartió entre otros 60 países. Continúa una tendencia imparable al alza que ya dura varios años y que aún podría ir a más en función de varios factores.
La relación entre la crisis económica y la industria española de la defensa está poniendo en grave riesgo el cumplimiento de la Ley 53/2007, que regula el comercio exterior de material de defensa y doble uso. Es un asunto complejo y preocupante. Por un lado, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas están envueltos en un clima de austeridad presupuestaria que implica un menor poder de adquisiciones al sector español de la defensa, es decir, que pueden absorber una parte menos significativa de su producción.
De forma simultánea, tanto las empresas como el Gobierno están interesados en mantener un tejido empresarial fuerte y con una capacidad de producción que permita atender las necesidades de la defensa nacional, ahora y en el futuro. Esto provoca una tensión que se está resolviendo en la práctica buscando de forma activa incrementar las ventas en el exterior. Tanto el Ministerio de Defensa como el de Industria, Turismo y Comercio están intentando favorecer las exportaciones y en cierto sentido actuando como 'agentes comerciales' para abrir mercados a las empresas del sector. La tendencia es muy preocupante porque supone poner los intereses comerciales por encima del cumplimiento del artículo 8 de la ley antes mencionada, que establece límites para exportar a países y territorios donde exista riesgo de que esas armas sean usadas para violar los derechos humanos, exacerbar tensiones y conflictos o perturbar la paz y la estabilidad, entre otros criterios. En suma, aumenta el riesgo de que el material termine llegando a destinos preocupantes, lo que va en contra del espíritu y la letra de una ley que el Parlamento aprobó por unanimidad en 2007.
Esta tensión puede dar lugar a situaciones peligrosas. En el primer semestre del año, Arabia Saudí recibió más de 453.000 euros, especialmente en munición y paracaídas. Pero en relación con este país hay un hecho más preocupante. Las autoridades españolas están haciendo un esfuerzo para concretar una operación de venta de carros de combate Leopard 2E (concretamente 200 unidades, de las que 50 se entregarían ya el año que viene), por valor de 3.000 millones de euros. Se trataría, de formalizarse, de la mayor operación de venta de armas de la historia española.
Arabia Saudí es un país con graves violaciones de los derechos humanos y con un enfoque fuertemente represivo en materia de libertades (lo que incluye el recurso a la tortura y la pena de muerte, o el encarcelamiento de presos de conciencia). Sería especialmente preocupante que los carros de combate españoles pudieran usarse por este país en el norte de Yemen, donde las fuerzas de seguridad saudíes hacen caso omiso del Derecho Internacional y de los derechos humanos en sus enfrentamientos con los rebeldes chiíes zaidíes y con grupos vinculados a Al-Qaida, poniendo en grave riesgo la vida de civiles.
El caso es emblemático y su conclusión permitirá evaluar el grado de compromiso del Gobierno español con sus propias leyes. Por un lado, y en la perspectiva empresarial, este negocio podría permitir cubrir la cartera de trabajo de Santa Bárbara (la empresa que fabrica los carros de combate) para una década, y asegurar la supervivencia de una empresa de carácter estratégico. Por otro, y teniendo en cuenta lo que impone la ley, está claro que Arabia Saudí no cumple las condiciones necesarias para aprobar una venta de este tipo, al menos sin las garantías y salvaguardas más estrictas por su parte respecto al uso del material.
Arabia Saudí es un ejemplo claro, pero hay otros. En los datos del primer semestre figuran también Colombia, Egipto, Ghana, Israel, Marruecos o Pakistán, entre otros destinos. Y EE UU, que, a pesar de ser un país aliado, presenta varios aspectos preocupantes. Está inmerso en conflictos graves en Afganistán, Pakistán e Irak, y no hay garantías suficientes de que las armas españolas no terminen allí. Por otro lado muchas armas son vendidas a destinatarios privados, en un país con muy escasos controles sobre los mismos. Por último, hay una clara posibilidad de que las armas puedan ser compradas por personas vinculadas al narcotráfico en México (donde las autoridades han denunciado que la violencia se ve agravada por la posibilidad de comprar armamento sin control al otro lado de la frontera).
A todo ello se suma la intención del Gobierno (conocida ahora) de utilizar la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010 para levantar el embargo sobre las ventas de armas a China. Según se ha confirmado por los cables de Wikileaks, solo la presión de EE UU (a quien muy probablemente movían también sus intereses comerciales) frenó estas intenciones.
Según los datos oficiales, el entramado industrial de la defensa en España agrupa a unas 850 empresas, con una facturación anual superior a 3.600 millones de euros y con 18.000 empleos directos. Se trata, sin duda, de un sector importante. A la vez, la situación de crisis económica es grave y no puede minimizarse, pero es necesario ser muy cuidadoso antes de poner los intereses económicos por encima del cumplimiento de la ley y de los derechos humanos. El Gobierno no actúa en el vacío en esta materia. Hay una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento que constituye un marco de referencia ineludible. Y hay normas y leyes internacionales a las que España se debe y que no se pueden pasar por alto. Todas ellas constituyen un marco de referencia ético y normativo que no existe porque sí, y que el Gobierno no puede elegir de forma arbitraria o caprichosa si cumple o no.
