Tras la tempestad desatada por el Gobierno vasco sobre una inminente y masiva suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos a miles de personas que no cumplían con los requisitos legales, parece haber llegado la calma. La diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, compareció ayer al término del último consejo de diputados de este año para pedir al Ejecutivo de Patxi López que actúe con «más cautela» en temas tan «sensibles» al estar en juego derechos adquiridos por la ciudadanía.
La RGI es una ayuda gestionada por la institución foral pero sufragada por el Gobierno vasco, está destinada a combatir la exclusión de familias en apuros y ha sucedido en lo terminológico a lo que siempre se ha denominado renta básica. Según las cifras aportadas por Solaguren, al final son 192 los alaveses perceptores de este subsidio que no están inscritos en el INEM, como exige la ley. Sólo 192 y no los 859 que públicamente dijo la consejería vasca de Empleo y Asuntos Sociales, liderada por Gemma Zabaleta. «Aunque hablaron de 859, en el listado inicial que nos mandaron había 1.157», apostilló la política jeltzale.
En este sentido y tras la reunión que mantuvieron el pasado miércoles las diputadas y el Gobierno vasco, Solaguren explicó que todas las personas cobrarán la nómina de diciembre y que será en enero cuando ya se crucen todos los datos y se determine con certeza absoluta cuáles son las personas que no cumplen con los requisitos.
Dudas sobre los parados
«Hay que ir expediente por expediente, dar audiencia a los afectados y luego tomar una decisión. No podemos saltarnos el procedimiento porque estamos hablando de derechos adquiridos», recalcó la diputada, quien destacó el «gran papel» que en este campo juegan «desde hace décadas» los servicios sociales de base. «El sistema de inspección funciona porque en los diez primeros meses del año hemos cancelado 2.500 prestaciones», agregó.
De hecho, puede darse el caso de que muchas de esas 192 personas sobre quienes se acaba de poner el foco estén recibiendo legalmente la RGI pese a no constar oficialmente en el registro del INEM. Como explicó Solaguren, se dan casos de beneficiarios que tiene sellada su tarjeta del paro pero que no están registrados como tales porque están embarazadas o están realizando algún curso de formación. «Se les dice que no se les van a registrar para no engordar las listas», explicó a modo de ejemplo para justificar un exhaustivo análisis de todos los casos por parte del Ejecutivo de López. «En Vizcaya, el director del INEM ya ha dicho que se está incrementando el número de personas que se inscriben en sus oficinas», recalcó.
