La Sala Especial de lo Criminal de París condenó ayer a veinte años de prisión, diez menos que la petición fiscal, a Mikel Albisu, 'Antza', y Marixol Iparragirre, 'Anboto', por ser los jefes político y financiero de ETA, respectivamente, cuando fueron detenidos el otoño de 2004 en una aldea bearnesa. El tribunal no ordenó la confiscación definitiva de los tres domicilios vascofranceses que disimulaban los principales arsenales desmantelados entonces, en contra de la solicitud del Ministerio Fiscal.
El veredicto, leído por el juez Philippe Vandigenen, presidente de la corte, fue sensiblemente más clemente que las condenas reclamadas por el fiscal Jean François Ricard en su severa requisitoria. Las penas impuestas a los diez acusados suman 91 años de prisión firme frente a los 134 que totalizaba la solicitud del acusador público. Las partes disponen de diez días de plazo para recurrir.
'Antza' y 'Anboto' se exponían a 30 años de cárcel, la pena máxima por los delitos imputados, entre los que figura el de dirección de una organización terrorista. Los jueces decidieron que deberán cumplir íntegramente un período de dos tercios de los 20 años impuestos antes de tener derecho a acceder a beneficios penitenciarios. También se les prohibió residir en Francia a título definitivo.
Estas dos penas accesorias también recayeron en Juan Cruz Maiza 'Dagoki, condenado a 17 años por haber sido el responsable de los zulos de ETA entre 2002 y 2004.
El tribunal impuso diez años a Peio Alcantarilla y ocho a José Ramón Arano y Mikel Negrete, dueños de las casas-zulo descubiertas en las localidades de Urrugne, Briscous y Saint Pierre d'Irube, respectivamente. Estas tres viviendas, que camuflaban amplios almacenes subterráneos, estaban hipotecadas por un embargo cautelar desde el 10 de abril de 2008.
Los cuatro procesados que comparecieron en libertad provisional no tendrán que volver a la cárcel pues ya han purgado las penas recibidas durante el plazo que permanecieron en prisión preventiva. A todos ellos se les dictaron períodos de dos años exentos de cumplimiento en el caso de que no reincidan.
El veredicto fue recibido con muestras de alivio por los acusados, que se abrazaron, felicitaron y cantaron el 'Eusko Gudariak' secundados por familiares y simpatizantes en los bancos del público. Los allegados desplegaron a mediodía una pancarta en la fachada de la catedral de Notre Dame en la que se leía: 'Resolución del conflicto político vasco. No al mandato de arresto europeo'.
Por la mañana, antes de que los siete magistrados profesionales se retiraran a deliberar durante más de ocho horas, Iparragirre había cerrado el ejercicio del derecho a la última palabra con la proclama de que la solución al conflicto «será franco-española y vasca». «Nosotros, los militantes de la izquierda abertzale, hemos decidido comportarnos como un pueblo adulto y tomar las riendas de nuestro futuro», dijo tras apuntar que el asunto era cosa de los políticos, no de jueces y policías.
Intransigencia
En el turno anterior, Albisu atribuyó la severidad de la petición fiscal a una razón de índole política. «El objetivo de la Fiscalía y de quienes la rodean es enviar un mensaje de intransigencia a ETA y a todos los que buscan un desenlace pacífico y democrático del conflicto», valoró.
A su juicio, los estados español y francés tienen «miedo a dejar que los vascos se pronuncien sobre su futuro porque la mayoría quiere vivir en libertad como los demás estados-nación». Tras reiterar el deseo de alcanzar una solución «política y justa», puntualizó que «Francia no es el único responsable de la represión histórica contra el pueblo vasco, pero sí corresponsable de la situación que vive el País Vasco en su totalidad». «Exigimos la libertad del País Vasco. Mientras no sea libre, no nos detendremos», concluyó.
Por su parte, Maiza declaró estar «muy orgulloso y feliz por haber podido aportar mi granito de arena como voluntario de la organización revolucionaria ETA que lucha por la independencia de Euskal Herria».
