«Les invito a seguir compartiendo un hoja de ruta, porque es momento de estar unidos y de que vean que no hay grietas frente al chantaje». Ésa fue la petición que formuló ayer José Blanco a todas las fuerzas parlamentarias en una comparecencia en el Congreso de casi cinco horas para hablar la crisis de los controladores. El ministro de Fomento se presentó ante la comisión del ramo como mero brazo ejecutor de una tarea colectiva que ya asumió la Cámara el pasado febrero: parar los pies a un colectivo que ha «levantado un edificio de privilegios» mediante el «chantaje permanente».
Blanco no tenía una labor fácil. Todos sus interlocutores en la sala sabían que lo que se gestaba en el Consejo de Ministros extraordinario previsto horas más tarde y todos querían hablar de ello, pero el ministro obvió el asunto con un argumento: los controladores han sido puesto en jaque al Estado porque durante años se les consintió todo y eso les «ha envalentonado».
«Fracaso político»
En todo caso, no negó que -como planteó el portavoz del PNV, Joseba Beloki- pueda hablarse de «fracaso político en toda regla». Pero ni mucho menos agachó la cabeza. «Yo asumo parte de esa responsabilidad -dijo-, pero creo que no la tengo toda». Recordó que el Congreso le había dado su apoyo a principios de este año, cuando aprobó por decreto el nuevo marco laboral de los controladores, tras «cinco años de negociaciones infructuosas», en los cuales el sindicato del colectivo, USCA, se dedicó a «forzar un escenario de tensión» para prorrogar unos acuerdos estatutarios en virtud de los cuales las horas extra se pagaban al triple que la ordinaria.
El ministro intentó hacer partícipe de sus decisiones a la Cámara. Describió a los controladores, sin recurrir al adjetivo, como unos aprovechados. Según su versión, cuando este verano se comprobó la veracidad de las bajas, se demostró que siete de cada diez eran «injustificadas».
Blanco denunció que todo se debió a una «estrategia planificada» de «sabotaje». Y para demostrar que el estallido del conflicto no se debió al decreto aprobado en vísperas del puente de la Constitución, recordó que USCA ofreció a las siete de la tarde del viernes, 3 de diciembre, firmar un convenio que implicaba «recuperar sus privilegios» para que terminara todo.
«Este hecho -alegó- demuestra que la teoría de la provocación del Gobierno no se sostiene». Por el contrario, se trató un «chantaje en toda regla» que requiere una respuesta unánime. «Es importante que entiendan esto para evitar cualquier clase de tentaciones o recaídas».
