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¿Para qué sirve estudiar?

ECONOMÍA

¿Para qué sirve estudiar?

Invertir en educación entraña un riesgo notable, ya que la oferta del sistema no se adecúa a las necesidades de la economía

28.11.10 - 02:42 -
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En estos tiempos de desamparo, muchos ven en la educación ese antídoto milagroso que curará todos nuestros males. Piensan que educación equivale a salud, movilidad social y competitividad. El capital humano, añaden, es el alma ese 'nuevo modelo de crecimiento' llamado a garantizar nuestro futuro bienestar. Desde su punto de vista, la educación no es un gasto, es una inversión. Este discurso contrasta vivamente con la actitud de muchos jóvenes, que consideran una estafa su largo peregrinar por la Universidad. Un porcentaje significativo de los graduados españoles afirma que, si tuviese que elegir hoy, no volvería a cursar estudios universitarios. Quizá el ejemplo más acabado de ese nihilismo educativo se halle en esos 750.000 jóvenes de entre 18 y 24 años que NI estudian NI trabajan. Ante esta falta de alicientes, conviene analizar hasta qué punto en España es rentable invertir en educación.
Los datos puntuales parecen sugerir que invertir en capital humano no es un mal negocio. A mayor formación más probabilidades de tener empleo estable y de percibir mayor salario. Pero si analizamos los datos con cierta perspectiva vemos que el negocio no es tan bueno como sería deseable. El salario relativo de los universitarios españoles respecto a los trabajadores con estudios inferiores a Secundaria ha caído, según la OCDE, un 40% entre 1997 y 2004. Lo malo del caso es que no solo se ha reducido la rentabilidad de esa inversión, también ha aumentado su riesgo. Casi la mitad de nuestros universitarios, si quieren empleo, deben aceptar puestos por debajo de su cualificación. Al actuar así expulsan del mercado a otros jóvenes con menor nivel educativo, que en ocasiones no tienen más remedio que quedarse en casa. Puede decirse, por tanto, que España es un país que ofrece pocos incentivos para estudiar.
Esta inquietante realidad se explica, en parte, por desajustes desde el lado de la oferta. Como es sabido, uno de los grandes logros de la democracia ha sido el aumento de nuestro nivel educativo. La mejora ha adquirido particular intensidad en el ámbito universitario, convertido en el ascensor social de las clases populares. De esta manera hemos llegado a ser uno de los países con mayor número de jóvenes con educación superior. Pero el precio pagado por esa apuesta ha sido considerable: elevada tasa de abandono escolar y deterioro de los conocimientos básicos adquiridos en la ESO. Esto sin contar el desprestigio en que hemos sumido a la formación profesional, transformada durante años en refugio de malos estudiantes. España exhibe así una distribución educativa en forma de copa de champán: demasiadas personas sin instruir, demasiados universitarios y un notorio déficit de técnicos de grado medio.
Esta peculiar oferta de capital humano se ha dado de bruces con una demanda no menos peculiar. Nuestra estructura productiva está sesgada hacia sectores intensivos en mano de obra poco cualificada, como es el caso de la construcción o el turismo de 'sol y playa'. El lastre que representa esa estructura se ve agravado por el reducido tamaño de nuestras empresas, que, en general, carecen de masa crítica suficiente para invertir en la formación de sus empleados. En España, a diferencia de lo que ocurre en el entorno europeo, solo un 5% de las empresas tienen más de diez empleados. Para colmo, nuestros emprendedores adolecen de un evidente déficit en conocimientos, que limita el aprovechamiento óptimo de las capacidades de sus subordinados. En efecto, aunque resulte paradójico, los emprendedores españoles tienen, en conjunto, menos nivel de formación que el resto de los trabajadores.
Puede decirse, por tanto, que invertir en educación entraña un riesgo notable, ya que la oferta del sistema educativo no se adecúa a las necesidades de la economía. Corregir este desajuste requiere reformas, que, entre otras cosas, pongan coto al actual despilfarro de recursos. Baste señalar, a título de ejemplo, que solo el fracaso universitario nos cuesta cada año unos 3.000 millones de euros. Pero no hay que llevarse a engaño, el grueso de las reformas necesarias para subsanar dicho desajuste deben realizarse fuera del sistema educativo. En este sentido, sería bueno que empezásemos a mirar a los empresarios con mejores ojos, a fin de que el espíritu emprendedor prenda en las nuevas generaciones. Mientras el 'empresario innovador' de Schumpeter continúe siendo una rara avis, no podemos permitirnos el lujo de orientar hacia el funcionariado las aspiraciones de nuestros más brillantes jóvenes.
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