La ratificación por parte de España del Convenio Europeo del Paisaje, vigente desde 2008, ha sido «una oportunidad única para aplicar políticas de paisaje siguiendo los criterios innovadores que propone el tratado europeo». En este sentido se pronunció ayer en Logroño Margarita Ojeda, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente en el Foro Internacional de Urbanismo 'Territorios 21', organizado por el Gobierno de La Rioja, que reúne a arquitectos y técnicos de las Administraciones para profundizar en la importancia entre el paisaje y el territorio.
Ortega explicó que la entrada en vigor de este convenio «ha arrancado con una auténtica movilización a favor del paisaje y ha dado lugar a una actividad creativa y de apoyo mutuo entre instituciones de ámbito nacional, regional y local», que desde el Ministerio se entiende que han creado un clima de cooperación que debiera ser la base para atender el paisaje.
A su juicio, también es importante tener en cuenta que la consideración del paisaje no nace como un hecho aislado, sino que se presenta en paralelo al proceso de desarrollo territorial planteado en Europa y tiene un doble papel: como parte de la diversidad y la identificación territorial regional y como elemento para una mejor ordenación y gestión sobre el territorio.
El director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio de la Junta de Andalucía, Florencio Zoido, en otra de las ponencias, resaltó que existe «un interés mayoritario entre las regiones españolas por desarrollar una política de paisaje propio».
Política anterior al convenio
Zoido añadió que antes de la entrada en vigor del Convenio Europeo del Paisaje, comunidades como Cataluña, Valencia o Andalucía ya lo consideraban en sus políticas.
Zoido precisó también el concepto de paisaje en el ordenamiento jurídico español ha sido considerado tradicionalmente como un concepto indeterminado y de acompañamiento, aunque se ha apelado a él en multitud de normas.
La firma del Convenio Europeo del Paisaje, vigente desde marzo de 2008, ha supuesto, sin embargo, el pleno reconocimiento jurídico del concepto y su transposición a la legislación española.
