No son turistas ávidos de vacaciones poco convencionales ni arrojados cooperantes dispuestos a arrostrar peligros en aras de la solidaridad internacional. El secuestro en Níger de siete trabajadores de la firma de ingeniería Satom y de la proveedora de energía nuclear Areva, ambas francesas, ha puesto de manifiesto que Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) no sólo provoca dramas humanos, sino que puede atentar contra intereses estratégicos de toda una potencia. La captura se produjo en el departamento de Arlit, un territorio rico en uranio, y la rápida, aunque fallida, respuesta militar de París, ha evidenciado que las minas del valioso mineral constituyen un asunto mucho más sensible que cualquier rapto de imprudentes occidentales.
El suceso no parece un mero acto de bandidaje. Su interpretación se sitúa en la compleja relación entre la firma extractora y el gobierno de uno de los países más pobres del mundo. La clave se llama Imouraren, el segundo mayor yacimiento del mundo. Aunque se descubrió en 1966, el comienzo de su explotación está previsto para dentro de tres años. Según las primeras estimaciones, produciría 5.000 toneladas anuales, cuando hasta el final de 2010 la firma piensa obtener 4.000 de las dos minas que ahora mantiene operativas.
El ataque ha añadido el factor de la inseguridad cuando el resto de los problemas se antojaba solventado y se preveía un periodo de paz según los cauces neocoloniales. Níger mantiene una estrecha relación con Francia, tal y como ocurre con otras ex colonias como Mali, Costa de Marfil o República Centroafricana, situación reforzada por el mantenimiento de tropas y consejeros militares y una notable dependencia económica. El hecho de que el uranio represente el 90% de las exportaciones nigerinas avala la tesis y la magnitud de sus periódicas hambrunas.
Gran empleadora
Francia y Areva, convertida en la gran empleadora del país africano durante cuatro décadas de presencia ininterrumpida, han representado una condición de fuerza estable en un escenario convulso. A lo largo de su medio siglo de independencia, el Estado ha sido disputado por civiles y militares, representantes de diversos grupos locales de poder. El pasado febrero, el golpe del comandante Salou Djibo acabó con las pretensiones del presidente Tandja Mamadou de perpetuarse con triquiñuelas legales.
Pero el idilio con la ex metrópoli ha sufrido vaivenes, curiosamente relacionados con la estrategia en torno a la política nuclear en Europa y Norteamérica. Su auge en los años setenta dio lugar a las grandes excavaciones a cielo abierto, impulsoras del desarrollo urbanístico en torno a la ciudad de Arlit y la construcción de un corredor con el puerto de Cotonou, en Benin, conocido como la 'autopista del uranio'. Pero la explotación acarreó graves consecuencias. El expolio de los escasos acuíferos y las sequías arruinaron a los nativos tuareg, levantados en armas para exigir un reparto más equitativo de los beneficios.
Lamentablemente, las regalías del material radioactivo se mantuvieron en las mismas manos y la guerra civil se intensificó, complicando la actividad extractiva y provocando desplazamientos de la población. La rebelión tuareg, extendida a Mali, fue aplacada con conversaciones de paz culminadas en junio de 2009 con acuerdos de acantonamiento de tropas y desarme de las fuerzas contendientes. En enero, Areva, muy perjudicada por los combates, había firmado la renovación de su convenio con el Ejecutivo.
Posición reforzada
En esa coyuntura, la posición de Francia parecía reforzarse, incluso resultaba favorecida por la respuesta de la oposición y colectivos cívicos a un oscuro acuerdo de Niamey con el Gobierno chino para la inversión de casi 4.000 millones de euros en prospecciones petrolíferas. Aunque la crisis económica suscitaba dudas sobre el coste necesario para poner en marcha Imouraren, la necesidad de contrarrestar la avanzadilla de Pekín alentaba la apuesta por Níger y, sobre todo, su productivo subsuelo.
Por desgracia para los intereses de políticos y ejecutivos, las nuevas perspectivas resultaban sacudidas por la amenaza integrista de AQMI. El reciente secuestro perturba el proyecto introduciendo el factor de riesgo -también la cotización en el mercado financiero- e, incluso, avala las tesis de alianza de los tuareg con los terroristas. Amar Ag Amnokal, el ejecutor del rapto, es un indígena a sueldo y prueba la existencia de un negocio del secuestro que entremezcla intereses políticos y delictivos, tal y como ocurre en otras partes de África.
