Teo quiere abrir su bar hasta más tarde; Manu ampliar el suyo; Plácido sólo pide poder descansar los fines de semana; la multitud de jóvenes que se agolpan bajo su ventana quiere divertirse, y el Ayuntamiento tiene que contentarlos a todos. Para eso están las ordenanzas aprobadas el viernes. Pero no convencen a Santi que, acodado en la barra de su local junto a unas señoras que toman café, es incapaz de dar con soluciones que le permitan conseguir el dinero que ahora necesitará para la insonorización de esa lonja donde su padre arrancó con el negocio hace casi treinta años. Como él, otros 600 establecimientos de la ciudad deberán afrontar esta obra, cuyo coste ronda los 150.000 euros.
Es lo de siempre. Una empresa peliaguda el conjugar los derechos al descanso de unos, a la diversión de otros y de otros más a desarrollar su actividad hostelera. Las claves son dos: el jaleo que se monta durante las noches de fiesta y los horarios de cierre. A ambas cuestiones tratan de dar solución las ordenanzas del ruido y de la hostelería que vieron la luz en el pleno municipal de anteayer. De un lado, se obliga a la insonorización de todos los bares en un plazo máximo de doce años, un esfuerzo económico para el que el Gabinete Lazcoz promete ayudas generosas. De otro, se reordena el sector y se suaviza el tránsito entre la categoría de bar y pub, de modo que muchos locales podrán subir de categoría y cerrar más tarde.
El asunto es importante porque el sector hostelero es potente en Vitoria. Hay 1.504 bares, cafeterías y restaurantes; además, 95 pubs y 31 discotecas, según los registros municipales. Es decir, un establecimiento hostelero por cada 147 vitorianos. Aún así, estamos por detrás de nuestros vecinos. En Bilbao, dicen las cifras facilitadas por la patronal del sector en Vizcaya, hay 131 vecinos por local; y en San Sebastián, 135.
La cuestión que promete ser más delicada en la capital alavesa es la insonorización. Son unos 600 los bares que deberán acometer esa obra si no quieren perder su categoría y ser relegados al rango de degustaciones. Desde la patronal hacen cuentas. Si, de media, la reforma cuesta unos 150.000 euros -según estimaciones de las empresas que se dedican a este menester-, y deben ser acometidas en 600 locales, «estamos hablando de noventa millones de euros», calcula Pedro Castellanos, director de la Asociación de Hosteleros de Álava. Toda una «reconversión» del sector para la que Castellanos reclama subvenciones. Desde el Gobierno municipal ya adelantaron que habría ayudas, aunque la clave será, naturalmente, su cuantía porque, no hace falta recordarlo, estamos en crisis.
Menos negocio
Por eso, Santiago Flores, propietario de la cervecería Santi en Sansomendi, está preocupado. «No estoy en condiciones de gastarme 25 millones de pesetas, y el banco ya no te da ese dinero. Merece más la pena tener el bar cerrado», clama. Porque ese gasto se sumará a unos efectos de la crisis que han hecho bajar «un 35%» el negocio. «Antes tenía una camarera, pero ya no me la puedo permitir». Además, se pregunta «¿por qué tengo que insonorizar el local si aquí no hay ruido?». Nunca ha recibido una denuncia, cierra a las once de la noche, la gente toma café sentada y la música que pone para dar ambiente suena como un susurro. Apunta otro problema: «Hay muchos locales de techo bajo que no podrán hacer obra, porque no tienen altura suficiente, ¿qué pasará con ellos».
El argumento municipal para no hacer distinciones entre quien genera ruidos y quien no lo hace a la hora de exigir la insonorización, se basa en un futurible: aunque un negocio hostelero no monte escándalo ahora, en cualquier momento puede ser traspasado y modificar su naturaleza. Así que, ante esa posibilidad, todos los bares deben estar insonorizados.
A los vecinos les gusta esa reflexión. «La nueva ordenanza está muy bien», concede Eduardo Cervera, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Álava (FAVA). Lo mismo opina el Síndico, Javier Otaola, que ya había lanzado advertencias al Ayuntamiento de que algo debería hacer para evitar escándalos nocturnos porque el derecho al descanso tiene rango superior al derecho al ocio. Además, se felicita porque será posible que haya más pubs, abiertos hasta más tarde, sin molestias de ruidos. «Hay consenso municipal en estas medidas, y eso es porque hay argumentos bastante obvios a su favor».
Pero Plácido Herbón es escéptico. Vive en la plazuela de la calle Barrancal y sabe lo que es pasar noches en vela. Su problema no es tanto el follón que se monta en los locales como el que se origina «en la calle. Aquí hacen 'botellón' y la gente cuando se ha tomado cinco copas canta, baila y hace de todo sin importarle la hora».
Este problema también está contemplado en la nueva ordenanza de ruidos. La Policía Municipal multará con 600 euros a quien, tras ser apercibido, siga causando escándalo en la calle a horas intempestivas. «Pero para esto hace falta que se vigile», advierte Cervera, el presidente vecinal. Es decir, dependerá de la disposición de los agentes a la hora de hacer cumplir la ley y, sobre todo, de que haya suficientes efectivos para preservar la tranquilidad nocturna en las calles de la ciudad, otra de las reclamaciones recurrentes entre los colectivos vecinales.
Distancias más flexibles
Para otros, el celo municipal resulta excesivo. «En los últimos años lo normal era que nos pusieran cuatro o cinco multas cada año», protesta Teo Fernández, del bar La Comarca. Su problema no es de insonorización, porque este local es ejemplar en la materia desde 2001. Es cuestión de horarios, porque tiene licencia de bar y hasta ahora no ha podido acceder a la de pub. «Tienen que dejarnos trabajar. Nos han llegado a poner sanciones por tener abierto a las 1.15 horas, cuando la normativa marca como hora de cierre las 12.30, y la una para tener el establecimiento vacío». Así que este empresario ve con buenos ojos la nueva normativa. Su local está en regla en lo referente a ruidos y podrá optar a convertirse en pub, así que el asunto de los horarios dejará de preocuparle porque pasará a cerrar hora y media más tarde.
No es el único empresario hostelero satisfecho con las novedades que traen las recién aprobadas ordenanzas municipales. Manu Santano, propietario del Jokine, va a lograr, tras casi siete años, ampliar su negocio y pasar de 50 a 100 metros cuadrados. En 2006 compró la lonja aneja con ese fin, pero el Ayuntamiento no autorizó la obra porque «está a 48 metros de otro bar, y la ley exige 50». Ahora, cuando se trata de ampliaciones en negocios preexistentes, se permitirá la ampliación.
Manu ya tiene proyecto de obra para reformar e insonorizar todo el negocio. Unos 300.000 euros le costará crecer. «¡Al fin!», sonríe sobre una urna repleta de pinchos de chorizo de Salamanca y sandwiches de txaka.
