La segunda rectificación del decreto de medidas de contención del déficit público abre un nuevo escenario para el Ayuntamiento de Miranda. Podrá endeudarse en 2011. Y lo hará con un crédito de 2 millones de euros. Así lo confirmó ayer el alcalde Fernando Campo tras la reunión que mantuvo por la mañana con su equipo, apenas unas horas después de que la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, hubiera anunciado en el Congreso un relajo en la norma que se formalizará en un puñado de semanas con su modificación en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011.
El veto generalizado al endeudamiento del próximo ejercicio, que puso en aprietos en mayo a muchos ayuntamientos y generó malestar entre los más saneados, se matiza ahora: aquellos que no alcancen el 75% de deuda sobre sus ingresos liquidados podrán solicitar préstamos en un porcentaje que en ningún caso debe superar el planteado. Y sólo para inversiones. «Miranda cumple», subrayó el responsable municipal.
Un punto menos
Es más, los dos millones que se van a solicitar a las entidades financieras supondrían en torno al 74%; «estaríamos, incluso, un punto por debajo del máximo permitido». Pero el cálculo se apoya aún en supuestos. Se ha trabajado contrarreloj con la poca concreción que todavía hoy se tiene del anuncio oficial. Incluso, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, se hace referencia a «un mínimo» lo que deja abierta la posibilidad de un techo más alto.
En cualquier caso, no está claro sobre qué ejercicio ha de realizarse la operación o que fecha final debe tenerse en cuenta. Quedan variables por definir, según explicaron desde los servicios económicos. Y esto, trasladado a Miranda, deja abierto el citado porcentaje. Si a ello se añade el hecho de que hablamos de un decreto que ha demostrado tener gran 'elasticidad' política, nada puede darse por definitivo.
«De todos modos, nosotros hemos trabajado pensando en el peor de los escenarios posibles», defiende Laura Torres. La titular del área de Economía y Hacienda explica que se ha puesto encima de la mesa una simulación con los derechos liquidados de operaciones corrientes en 2009, planteándose la deuda viva que exista hasta el 1 de enero de 2011. En definitiva, se suman los 6,8 millones del préstamo solicitado para este año, así como los 2 pretendidos, y se restan las amortizaciones.
«Los 2 millones de euros son la cantidad que necesitamos hasta mayo. Es más, tenía intención de pedirla antes del 31 de diciembre, si no hubiera salido este decreto», aseguró el alcalde. El Ayuntamiento ha agregado a ese estudio, incluso, «entre 1,5 y 2 millones de euros en créditos de tesorería» (cantidad adelantada a cuenta de ingresos más o menos asegurados y que, al final, es deuda a corto plazo).
A este último concepto, que sería ajeno al anterior, también se le ha impuesto recientemente un nuevo calendario: ha de quedar sufragado en el año natural, eliminándose la opción del pago interanual. Toda la operación arroja ese 74% final o, lo que es lo mismo: la ciudad debe hoy en torno a 3 euros por cada 4 que ingresa.
Pero eso no era así en el momento de la activación del crédito. El pasado mes de mayo -días antes del primer anuncio de un decreto ministerial que se corrigió a las 24 horas- Campo firmaba 6,8 millones de euros financiados por Caja Rural. El equipo de Gobierno lo había defendido como básico para apuntalar unos presupuestos de crisis con los que se pretendían conjugar las inversiones previstas con la congelación en la subida de impuestos y el 0 en la casilla de ingresos por enajenación de solares.
La medida fue duramente contestada por la oposición. La rechazó en un Pleno por excesiva y «electoralista» -apenas un año antes había apoyado las cuentas municipales para no entorpecer en un contexto de retroceso económico-. Con los 6,8 millones prestados, Miranda elevó el nivel de endeudamiento en cuatro puntos: se pasaba del 78% de 2009 al 81,87%. La ciudad tenía pendientes de pago 21,7 millones de euros. En aquel momento, la cota que se ponía a los ayuntamientos se situaba en el 125%. No había preocupación.
Sin prisas
Pero cuando se puso coto desde Madrid con la referencia de 2011, año electoral, la cosa cambió. De las palabras de Fernando Campo -«ya lo tenía pensado»-, se deduce que Miranda iba a actuar como otros muchos ayuntamientos; aprobar un nuevo crédito antes del 31 de diciembre. Pero el alcalde, públicamente, no lo había concretado hasta ahora. «Con este cambio se puede actuar con más tranquilidad, sin problemas».
El giro, justificado por el ejecutivo de Zapatero en nuevas proyecciones económicas y la normalización de los mercados financieros, se ha interpretado también como una cesión a las presiones de las corporaciones locales. El socialista Campo, vicepresidente de la Federación Regional de Municipios, explica el cambio en otros términos: «El Gobierno ha sido sensible a un tema que planteábamos los ayuntamientos: no se pueden constreñir créditos cuando hay capacidad para endeudarse».
Pero, además, «existen inversiones plurianuales, como por ejemplo el Apolo, el convenio con la Junta de Vivienda. Tendríamos que romper muchos acuerdos y eso no tenía lógica. El acuerdo supone un alivio. No nos salva la vida, en la situación en la que se está, pero es un alivio», recalcó.
