El proceso para soterrar las vías del ferrocarril en Vitoria es un mastodonte de movimientos lentísimos. Dadas las circunstancias, se entiende. Entre otras cuestiones, por la envergadura de la operación (476 millones de euros), por la necesidad de poner de acuerdo a cuatro administraciones (Ayuntamiento de Vitoria, Diputación alavesa, Gobierno vasco y Ministerio de Fomento) y por la confusa bipolaridad del Ejecutivo central -que financia el 50% de la obra- cuando se habla de dinero e infraestructuras en tiempos de crisis (primero estimuló las obras en los ayuntamientos, luego metió la tijera a proyectos en marcha y ahora anuncia una reactivación de la obra pública).
Con este panorama, cualquier avance en el proyecto más ambicioso que afrontará la ciudad en décadas es motivo de esperanza. Éste es el caso. El alcalde vitoriano, Patxi Lazcoz, adelantó ayer a EL CORREO que en la segunda quincena de este mes se constituirá la sociedad pública encargada de gestionar los 300.000 metros cuadrados de suelo que se liberarán cuando las vías se soterren. En esta entidad participarán las cuatro administraciones implicadas. En realidad, su constitución ya estaba prevista para antes del verano, pero los vientos no han sido favorables.
«Todas las administraciones hemos hecho ya las tramitaciones correspondientes», asegura Lazcoz, «sólo queda el Gobierno vasco, porque cada vez que firma un convenio con una Diputación debe pasar por el Parlamento». Como el curso político se cerró en julio, ha sido necesario esperar hasta ahora para cumplir con el trámite parlamentario.
Si todo sale como espera el alcalde, en tres o cuatro semanas se producirá la histórica firma entre las cuatro administraciones. La sociedad que surja de este trámite se encargará de gestionar los terrenos liberados, de idear los proyectos urbanísticos que se desarrollarán en esa franja que ahora divide la ciudad en dos. En principio, según el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso, la idea es utilizar ese suelo para cohesionar Vitoria y en ningún caso para levantar «un muro de hormigón». Zonas verdes y equipamientos de distinto tipo tendrán el protagonismo.
Usos del suelo
Sin embargo, será necesario buscar el equilibrio entre estas buenas intenciones y la necesidad de que los terrenos generen unas plusvalías de cien millones de euros. Eso es lo que se espera sacar de ellos para financiar casi la cuarta parte de lo que costará la llegada soterrada de las vías al parque Arriaga, donde se ubicará la futura estación intermodal. Y para generar esas plusvalías será necesario construir viviendas y zonas comerciales.
Es precisamente éste uno de los aspectos que generan más incertidumbre, ya que de persistir la crisis económica podría haber dificultades para encontrar promotores dispuestos a realizar inversiones potentes y, de ese modo, la financiación del soterramiento podría verse comprometida. Pero las administraciones prefieren verlo en positivo y esperan que, para cuando toque desarrollar el suelo, la recesión ya sea un acontecimiento histórico superado.
De manera paralela a todo esto discurre la tramitación administrativa para la obra del soterramiento propiamente dicha. De esto se encarga el Ministerio de Fomento. Una vez finalizado el periodo de información pública del estudio informativo, el departamento de José Blanco debe analizar las alegaciones, entre ellas una del propio Ayuntamiento que pide cambiar el acceso y el vestíbulo de la estación intermodal: que se ubique junto a la DYA y el colegio Pío Baroja en vez de estar en el parque de Arriaga, con la afección que eso supondría para este espacio verde.
¿Cuándo responderá Fomento a las alegaciones? Lazcoz no lo sabe, ni tampoco el presidente de Adif (el gestor de infraestructuras ferroviarias del Gobierno central, que se encargará de la obra), Antonio González Marín, que ayer se desplazó a Euskadi para visitar las obras del tren de alta velocidad (TAV). Pero el alcalde espera que todas estas incertidumbres y las dificultades de comunicación entre administraciones se superen este mes con la creación de la sociedad gestora. Así, no sólo servirá para encargarse de los terrenos liberados, sino para engrasar los mecanismos de conexión entre administraciones que hasta ahora parecían algo oxidados.
En cualquier caso, el alcalde advierte de que una obra de la envergadura del soterramiento llevará tiempo: el proyecto constructivo no llegará, «como mínimo», hasta dentro de dos años.
