Primero llegó el cambio climático con el impacto del devastador 'Niño'; luego, la crisis económica global y, ahora, como consecuencia directa de ésta, la reducción de la ayuda oficial al desarrollo. El departamento de Piura, al noroeste de Perú, evidencia como pocos lugares el impacto de fenómenos generalmente provocados por el Norte opulento, pero que repercuten con especial intensidad en los territorios del deprimido Sur. «La situación es lamentable», asegura Maximiliano Ruiz Rosales, director de la Asociación Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), una entidad local que trabaja a favor de la población rural del país andino. «Nuestra economía es muy dependiente de los mercados de productos primarios y cualquier reducción de la demanda provoca problemas muy considerables».
Llueve sobre mojado. La disminución de las partidas solidarias que llegan de Europa ya ha generado consecuencias concretas y graves en la zona. Así, la caída de un 50% en los fondos que otorgaba Oxfam Gran Bretaña ha amputado un ambicioso programa destinado a pequeños cultivadores de algodón, tanto de asistencia técnica como de apoyo en el acceso al mercado. «Queríamos llegar a 350 hectáreas y sólo podremos alcanzar las 150, lo que significa que 200 familias con minúsculas propiedades se quedarán fuera», señala Maximiliano. «Estamos hablando de un plan para fomentar su rentabilidad y, por tanto, la viabilidad de su trabajo».
El dirigente de la ONG asegura que la cooperación española aún no se ha resentido porque cuenta con convenios de larga duración, pero teme que el conjunto de las prestaciones internacionales siga su contracción el próximo año y afecte a estrategias sensibles. «El mayor riesgo radica en que se primen las emergencias, lo asistencial, en perjuicio de procesos a más largo plazo, de fortalecimiento de organizaciones sociales en procesos participativos, cuestiones esenciales para el desarrollo sostenible, político y económico de toda la comunidad».
En los últimos seis años, España ha triplicado su aportación siguiendo la tesis de que el compromiso de cada país ha de ser acorde con el nivel de renta. Así, esa contribución ha pasado del 0,23% del PIB al 0,47% y se había apuntado el horizonte del 0,7% para 2012, superando los planes de la Unión Europea, que apuntaba el año 2015 para la implantación de esta cuota entre sus Estados miembros. Sin embargo, la crisis también ha llegado a la solidaridad oficial, interrumpiendo un modo de actuación que se pretendía modélico.
Los campesinos de Piura no pueden esperar una postura diferente de Madrid. La Moncloa ya ha anunciado recortes en la aportación a la cooperación, forzados por la crisis económica. La austeridad propugnada por el Plan de Ajuste del Déficit Público también ha llegado a la solidaridad internacional, uno de los estandartes del Gobierno de Rodríguez Zapatero. El monto total de la primera disminución, prevista para este año, es de 300 millones de dólares, cifra que llegará a los 500 millones en 2011.
El montante asignado para 2010 era de 5.192,37 millones de euros, lo que implica que la caída es del 5,8% sobre el primer presupuesto. La reacción de la Coordinadora de ONGD se ha hecho notar a través de la campaña 'Las personas primero', que denuncia la implicación de la reducción de la ayuda oficial en la población del Sur. A su juicio, las personas pobres pagan una crisis que no han generado. Por eso reclaman diálogo para aminorar el golpe en la medida de lo posible o sugieren otros ámbitos en los que hacer recaer la disminución, caso de los créditos FAD, a los que acusan de sumar nueva deuda.
Consecuencias dramáticas
Diversos agentes de la cooperación al desarrollo analizan ahora estos recortes. En el caso de la lucha contra el sida, hablar de efectos no significa remitirse a hipótesis, sino a realidades constatables. Fernando Pascual, responsable de farmacia de Médicos sin Fronteras, acaba de regresar de África, el continente más afectado por la enfermedad. «Cualquier reducción tendrá consecuencias dramáticas, pero es que los retrasos en los pagos que se han producido este años ya han generado rupturas de stocks», explica. «El Gobierno español aún no ha desembolsado los 250 millones de dólares concedidos para este ejercicio. Los pacientes han tenido que interrumpir sus tratamientos y ese impasse aumenta la posibilidad de crear resistencias».
Pero todo es manifiestamente empeorable. «Los gobiernos, con menos dinero para compras de medicamentos, los distribuirán a menos gente, lo que aumentará el tiempo de espera y los pacientes que al final consigan ser atendidos estarán entonces más enfermos», lamenta Pascual. Además, esta situación contraviene sustancialmente los consejos de la Organización Mundial de la Salud. «Los avances científicos dicen que es primordial el tratamiento temprano y la aplicación de medicamentos avanzados, más caros, y la tendencia es contraria. Así, con estas pautas, podemos retroceder diez años en la lucha contra el sida».
Nuestro país revelará sus cartas el próximo 5 de octubre en Nueva York, fecha anunciada para la próxima conferencia de donantes del Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. Entonces se sabrá si se suma o se reduce la partida que destina a dicho organismo y la respuesta de las ONG afectadas. La probabilidad de que se produzca una sustanciosa rebaja es elevada. El programa de recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo afecta este año, según explica la Secretaría de Estado de Cooperación, a las contribuciones voluntarias destinadas a organismos multilaterales, y la entidad mencionada parece un candidato ideal.
«No sabemos qué ocurrirá en esa reunión», advierte Vanessa López, coordinadora de una plataforma de ONG que luchan contra la pandemia. Si, como temen, resultan perjudicados por el recorte, habrá dos graves consecuencias. «Por una parte, España es el quinto donante por el volumen de su aportación, lo que implicaría consecuencias financieras importantes, y, por otra, la iniciativa podría ser secundada por otros países miembros».
Las promesas de la Administración contemplan el mantenimiento de las partidas relacionadas con el cumplimiento de los objetivos marcados en igualdad de género, seguridad alimentaria y desarrollo rural, entre otros ámbitos habituales de la cooperación al desarrollo, además de todo lo referente a ayuda humanitaria y de emergencia. Pero la sangría afectaa todos los agentes implicados.
Mary Tere Guzmán, coordinadora del área de acción política de Alboan, menciona el informe 'En caída libre', elaborado por dicha ONG, en el que se analiza el retroceso en las partidas para cooperación de las comunidades autónomas. «Las autonomías han apostado por sus propias vías de cooperación, bien con una intención política de carácter nacionalista, o en la búsqueda de una proyección exterior. En cualquier caso, la descentralización de la cooperación hace distinta a España y ha favorecido el contacto directo entre los pueblos», aduce.
En ese apartado, la reducción total ha sido de un 10% en el último año, lo que supone una detracción de unos 53 millones de euros. Esta tendencia negativa, generalizada en todos los niveles, comporta graves consecuencias en proyectos comprometidos con entidades aliadas en el Sur. «Por ejemplo, carecemos de fondos para poner en práctica una interesante iniciativa de formación de jóvenes en Centroamérica, una forma de prevenir la delincuencia en la región de las maras, las peligrosas bandas juveniles», aduce. «Se olvida que de la pobreza no se sale solo dando de comer, sino favoreciendo la formación y la autogestión de las comunidades».
Austeridad y preocupación
Según el Programa Mundial de Alimentos, el 75% de la población de la Franja de Gaza subsiste gracias a la ayuda exterior. «La crisis se está empezando a notar porque los compromisos de los gobiernos estatales y locales empiezan a incumplirse», advierte Eneko Gerrikabeitia, coordinador de la delegación de la ONG vasca PTM en los territorios ocupados.
Entre otros contratiempos, señala los expedientes de regulación de empleo en empresas colaboradoras o la decepción causada por la anulación temporal de fuentes de financiación, como la decisión del Ayuntamiento de Madrid de no sacar este año la convocatoria pública de su ayuda. «Es un apartado crucial porque sustentan acciones de enorme impacto local, tanto en materia de derechos humanos como de sistemas productivos o de organizaciones de mujeres».
Comunidades autónomas y ayuntamientos destinan a estos fines en España más de mil millones de euros, pero, a menudo, no se suelen establecer compromisos de larga duración, lo que comporta un notable riesgo para la viabilidad de los proyectos en tiempos difíciles. Gerrikabeitia sospecha que algunos ya planificados y dependientes de instrumentos de financiación a corto plazo no serán aprobados.
Sobrellevarán mejor la crisis las actuaciones que se encuentren ligadas a convenios con la Agencia Española de Cooperación Internacional o programas con el Gobierno vasco, con una duración de tres o cuatro años. El caso de PTM, con escasos recursos propios, es común a numerosas entidades del sector. «Vemos con mucha inquietud el panorama, porque nuestro código ético no nos permite aceptar cualquier tipo de apoyo», confiesa el coordinador, y señala que su previsión de gastos para el presente ejercicio ya se ha visto marcada por una gran austeridad. «Además, nos vemos abocados a realizar un esfuerzo extra en la calidad de la gestión».
El futuro inmediato pasa por mayores dificultades para acceder con éxito a los diversos concursos. En opinión de Guzmán, también es previsible que las iniciativas respaldadas reciban menos dotación, y que, tras la caída de la aportación pública, también se retraiga la privada. «Está empezando a calar la idea de que primero hay que ayudar a los de casa y luego a los demás, una tendencia que puede ser más notoria a lo largo del próximo año», advierte.
Es probable que esta crisis imponga una reconfiguración del panorama de la solidaridad. «Si una ONG depende de un solo financiador o la organización es tan pequeña que carece de la suficiente autonomía económica, su supervivencia puede volverse muy complicada», alerta la cooperante de Alboan. «En cualquier caso, tendremos que ver cómo se presenta el próximo año, pero las perspectivas nos hacen temer un ejercicio muy duro en el ámbito de la solidaridad».
