El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los responsables de las principales empresas constructoras del país -Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr-, acordaron a primera hora de la tarde de ayer aplazar 'sine die' la reunión «discreta», según Moncloa, que tenían previsto mantener mañana miércoles por la mañana para abordar los recortes de obra pública y los retrasos en los pagos por parte de los ayuntamientos. Las partes decidieron aplazar el encuentro sin fecha concreta pocas horas después de que su celebración se filtrase a los medios de comunicación.
Fuentes gubernamentales aseguraron por la tarde que el hecho de que el encuentro se diera a conocer públicamente «molestó» a algunos de los empresarios citados, que «plantearon» al Gobierno la conveniencia de retrasarlo. El motivo esgrimido fue la «presión» generada en torno a esa reunión, ya que podía «dar la impresión de que la cita se limitaba a una petición de más obra pública». El encuentro, según las fuentes consultadas, estaba previsto por parte del Ejecutivo ya desde antes de las vacaciones y sin una agenda concreta, a fin de «hablar de la crisis» y «comentar soluciones o acciones a tomar» con empresarios relevantes del sector de la construcción, uno de los más afectados.
«Tensión no prevista»
«Alguien (entre los convocados) ha dicho que parecía que la reunión se planteaba como una reivindicación, y se ha generado una cierta tensión no prevista». La reunión «se celebrará, pero no lo comunicaremos», recalcaron los mismos medios, si bien dejaron claro que no será con carácter inminente. Otras fuentes del ámbito empresarial, sin embargo, señalan que la decisión de retrasar el encuentro partió del propio Palacio de La Moncloa.
El presidente del Gobierno afirmó hace unos días que podrían recuperarse algunas de las obras que habían quedado aplazadas o en suspenso a raíz del programa extraordinario de recortes para reducir el déficit, que incluyó un tijeretazo de 6.400 millones de euros a las inversiones en infraestructuras. El recorte supone retrasar entre uno y cuatro años uno de cada cinco contratos de obra pública, y afecta de forma especial a las comunidades autónomas de Cataluña, Cantabria, Aragón y Castilla y León.
