El Gobierno central ha aceptado devolver al PNV los documentos que el régimen franquista le incautó durante la Guerra Civil y que hasta la fecha permanecían custodiados en Salamanca. Se trata de una histórica petición de la formación jeltzale, que recuperará informes y cartas personales de gudaris y altos cargos del partido. Este acuerdo forma parte de la negociación que mantiene el Ejecutivo de Patxi López con el Ministerio de Cultura para la entrega a las instituciones vascas de todos los papeles intervenidos tras la victoria franquista, y que podría culminar en menos de un año.
De hecho, el pasado 10 de junio, el Parlamento vasco aprobó una enmienda pactada por el PSE y el PNV para que las administraciones autónoma y central llegasen a un acuerdo en menos de nueve meses para la restitución a Euskadi de los documentos incautados al Gobierno de José Antonio Agirre «y a otras instituciones públicas vascas». El PP votó en contra.
No era la primera vez que sucedía algo parecido. Ya en 2006, la Cámara de Vitoria apoyaba una resolución similar, también con el rechazo de los populares, a raíz de la aprobación meses antes de la ley que permitió a Cataluña recuperar sus papeles.
Cuatro años después, el proceso parece llegar a su fin. Por lo menos, el Gobierno vasco confía en ello. Delegaciones de ambas partes han intensificado los contactos durante los últimos meses. En dichas reuniones está jugando un lugar destacado Antonio Rivera, viceconsejero de Cultura y catedrático de Historia. A nivel más técnico se ha conformado una comisión mixta de la que forman parte, entre otros, especialistas de los archivos estatales y un historiador de la UPV con el objetivo de analizar al detalle la documentación catalogada.
Además de los del Gobierno vasco, en Salamanca hay documentos pertenecientes al PNV, al PSOE, a la CNT, así como a diferentes sindicatos, asociaciones republicanas y otros colectivos. Los primeros en llegar han sido los que pertenecían a los peneuvistas, que presentaron formalmente su petición a finales del año pasado. A partir de ese momento, el Departamento de Cultura dirigido por Blanca Urgell puso en marcha «los procedimientos establecidos en la normativa vigente», que han concluido con un informe favorable de la comisión técnica.
Según informó ayer el Gobierno vasco, la solicitud del PNV cumplía los tres requisitos exigidos para proceder a la devolución: se acreditaba mediante acta notarial la relación de documentos, su titularidad en el momento de la incautación, así como la continuidad del PNV como organización política durante los últimos 70 años. Unos preceptos que no se daban en una petición similar realizada por Izquierda Republicana, que ha sido rechazada.
Satisfacción
Tras esta decisión, la formación jeltzale tenía dos opciones: aceptar que siguiesen custodiados en Salamanca o que les fueran entregados. Como era de suponer, el PNV ha optado por la segunda de las alternativas, tal y como lo confirmó su diputado en el Congreso Aitor Esteban a través de una nota de prensa.
El representante nacionalista mostró su satisfacción por la decisión adoptada por el Gobierno central, aunque también dejó claro su malestar por el hecho de que todavía no se haya logrado traer a Euskadi el resto de los documentos. «Dicha reivindicación será mantenida por el PNV hasta conseguir que el Partido Socialista modifique su negativa actitud que discrimina a la Administración vasca respecto a la catalana».
El Ejecutivo de Vitoria está convencido de que los conocidos como 'papeles de Salamanca' podrían llegar al País Vasco -al futuro Archivo Nacional- en los próximos meses dado el buen ritmo con el que están trabajando las dos delegaciones. De lograrse, se cerraría una historia plagada de episodios polémicos.
Uno de ellos fue el que protagonizaron en 2006 la entonces consejera de Cultura, Miren Azkarate, y la ministra del ramo, la socialista Carmen Calvo, quien defendía la excepcionalidad del 'caso catalán' porque fue el único Gobierno autonómico formado antes del levantamiento militar. «El Ejecutivo vasco se constituyó el 1 de octubre de 1936, ya durante la contienda. Esa es la verdad histórica», defendió Calvo.
La respuesta de Miren Azkarate no se hizo esperar en el tiempo. A su juicio, las palabras de la ministra «deslegitimaban» e «ilegalizaban» a los diferentes gobiernos de la República y al lehendakari José Antonio Agirre.
