Enrique Portocarrero ha escrito en su artículo de opinión dominical que el alcalde de Bilbao podía haber estado callado a propósito de Juan Ignacio Vidarte. Y yo le contesto que no me callo cuando de una injusticia se trata.
No es la primera vez que recibo críticas del señor Portocarrero desde su atalaya de opinión. Pues bien, dije y digo que el 'caso Cearsolo' nos puede pasar a cualquiera, sin perjuicio de los controles, que en el caso del Guggenheim debieran ser siempre lo más exhaustivos posible. Sólo hace falta que haya una persona deshonesta. Cuerpo más repleto de reglamentos y vigilancias que la Guardia Civil habrá pocos en España y mire la que montó el señor Roldán.
La segunda «zanca» (sic) que he debido de meter, según dice, es en relación a las divisas que perdió el museo Guggenheim. Que los bancos ganan y también pierden con los cambios de divisas está más claro que el agua, señor Portocarrero, pero usted me lleva a la diferenciación de que el Guggenheim es público y el banco es privado. Item más. Los bancos son de propiedad privada pero, como señala Guillermo de la Dehesa en su libro 'La primera gran crisis financiera del siglo XXI', cumplen un servicio público: miles de millones de pagos diarios y cientos de millones de personas han colocado sus ahorros en depósitos y fondos bancarios... ¿No es un servicio público? Y cuando la crisis, debida a esas empresas bancarias, nos arrastra a todo el mundo, ¿quién responde por ellos? Las administraciones públicas, es decir, el contribuyente. Ya lo decía Keynes (1933): «De vez en cuando el Estado tiene que intervenir para salvar el capitalismo de sí mismo y así preservarlo».
Reconocerá que los ejemplos los entiende cualquier persona normal libre de prejuicios y que no tenga ganas de zumbar al alcalde de Bilbao. No es el caso del señor Portocarrero. ::
