Se avecina una huelga de brazos caídos en la Policía Local. Es decir, que los agentes municipales harán la vista gorda ante la mayoría de infracciones. Las centrales sindicales, inmersas en un largo conflicto con la dirección, rumian desde hace semanas esta medida de fuerza. Y, casi con toda seguridad, la adoptarán mañana en una asamblea general. La idea inicial pasa por mantenerla «de forma indefinida».
Este recurso de presión, ya utilizado en 2006, evidencia la grave crisis interna que atenaza este cuerpo policial. Los recortes en los sueldos y en las retribuciones de las bajas de larga duración -que sufre también el resto de funcionarios municipales- encabezan la lista de razones. Sin embargo, por debajo subyace un profundo desencuentro que se remonta a otras legislaturas.
La nula comunicación entre los representantes sindicales y la actual jefatura -con el concejal socialista José Manuel Bully al frente- no ha hecho sino enquistar aún más el problema. En la madeja de las discrepancias se entrecruzan intereses personales, meteduras de pata, dudas sobre el criterio de los horarios y el lastre de una eventualidad eterna en un organigrama con más de 350 efectivos. A día de hoy, Aguirrelanda es un avispero.
El plus del sindicalista
Pero, sobre todo, es un foco de sorprendentes paradojas. ELA y CC OO pedirán a los agentes que no participen en los refuerzos de La Blanca, premiados con suculentos extras. De modo paralelo, el líder de una de estas secciones ha solicitado un plus de 610 euros mensuales para la unidad en la que está destinado.
Contradicciones como ésta se encuentran a la orden del día en la Guardia urbana, que «funciona gracias a la solidaridad y al buen rollo existente entre las bases, que son las que dan la cara ante el ciudadano y tratan de atajar los delitos», sostiene un veterano agente.
Al llegar al poder, el actual equipo de gobierno se encontró con la unificación de salarios de toda la plantilla, al margen de la peligrosidad o peculiaridad de su labor. La única excepción correspondía al turno de noche, cuyos efectivos disfrutan de un jugoso plus.
Aparte de acometer otros objetivos como la apertura de la comisaría del casco medieval -un proyecto con muchas fisuras- y la Unidad Operativa de Seguridad (UOS) -que ha obtenido excelentes resultados en la calle, pero cuyo proceso de selección ha escocido dentro de la plantilla-, la nueva dirección se propuso asimismo la eliminación de los salarios unificados. Es decir, premiarían los puestos de mayor riesgo o responsabilidad.
La polémica del Belén
Pronto toparon con la oposición de los sindicatos. El punto de inflexión en las negociaciones ocurrió una madrugada del pasado 28 de diciembre, cuando el concejal de Protección Ciudadana recriminó a dos policías que no hicieran la ronda durante su vigilancia del Belén del parque de La Florida. Las centrales, cansadas de que no se escucharan sus peticiones, solicitaron su dimisión, un hecho inédito hasta ese momento.
Bully, con un amplio historial sindicalista en la factoría de Mercedes, no ha vuelto a recibirles desde entonces. Sí ha obtenido en cambio acuerdos parciales con varias unidades. «Tiene ganas de hacer cosas, pero le fallan las formas. Es concejal, no un policía más», le critican las bases. Las centrales han aprovechado ese desencanto para tocar a rebato. Por cierto, en octubre o noviembre se celebrarán las elecciones sindicales de los funcionarios del Ayuntamiento.
