Un total de 12.500 comunidades de propietarios del País Vasco tienen algún vecino moroso. Los aprietos de la crisis económica han disparado los impagos, y con ellos los conflictos domésticos. En apenas un año, el número de escaleras en las que algún inquilino no abona las cuotas ha crecido un 20%, alcanzando máximos históricos. Y las consecuencias no se han hecho esperar: falta de liquidez en las cajas comunes, obras obligatorias paradas, multas y juzgados colapsados ante el aluvión de denuncias por deudas que reciben diariamente.
Según la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda, Arrenta, de los 69.400 edificios destinados a uso residencial que existen en Euskadi -sin contar las viviendas unifamiliares-, el 18% soporta impagos por parte de alguno de sus residentes. El aumento es más que significativo si echamos la vista atrás. Hace apenas dos años eran 6.940 los bloques en los que existían morosos y en 2009, 10.400. De los más de doce millares actuales, 6.200 -la mitad- se encuentran en Vizcaya; 4.125 -el 33%-, en Guipúzcoa, y 2.125 -el 17%- en Álava. Los expertos diferencian dos tipos de morosos. «Están los que ya pagaban mal y con retraso y ahora abonan las cuotas peor, y la gente que ha perdido su empleo y de la noche a la mañana deja de abonar recibos», aclara Pablo Muñoz, administrador de fincas.
Las derramas sin pagar son tradicionalmente el principal problema de las comunidades y suponen ya seis de cada diez procesos que se abren por vía administrativa en los tribunales. «La clave para intentar recuperar ese dinero de forma amistosa es no enquistar la situación, abordarla desde el momento inicial para que no sea una suma demasiado elevada», añade el gestor bilbaíno Jorge Saiz. Entre las alternativas para los morosos se llega a proponer fraccionar el pago de la deuda, todo con tal de no acabar en un «engorroso» proceso judicial. Si no hay más remedio, la comunidad de vecinos debe acordar iniciar los trámites para denunciar al inquilino moroso y el presidente presentará posteriormente la información contable del inmueble, entre otros documentos, ante un tribunal de primera instancia.
Cambios legales
Se pone en marcha así el llamado procedimiento monitorio, figura jurídica por la que se puede solicitar el pago de deudas ante la ley mediante un trámite que, pese a caracterizarse por la poca burocracia que requiere, está saturando los tribunales. Un estudio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el efecto de la crisis en los juzgados revela que durante el primer trimestre de 2010 en Euskadi se presentaron 7.005 instancias de este tipo -todas no tienen por qué afectar a comunidades de vecinos, pero la mayoría sí-. Suponen un 33% más que en el mismo periodo del año anterior, convirtiendo al País Vasco en la tercera comunidad autónoma donde más ha subido la morosidad tras Madrid y Murcia.
Tal es el aumento del número de deudas que la Justicia ha optado recientemente por cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil para beneficiar a los agraviados. «Con los procedimientos monitorios un afectado puede reclamar el impago directamente ante los tribunales, sin necesidad de contratar procuradores y abogados. Encima que le deben dinero no se le puede hacer gastar más en esos procesos», explican desde Arrenta. Hasta hace bien poco en esas demandas se podía exigir como máximo 30.000 euros, pero la actualización de la norma ha establecido el nuevo tope en 250.000. Al ampliar este límite, y con el recrudecimiento de la crisis económica, los tribunales españoles rozan el colapso. Entre enero y marzo, los juzgados de primera instancia aceptaron 255.000 casos sobre morosidad. No obstante, según el CGPJ, sólo el 8,7% de ellos termina en pago. «Nuestro consejo para los afectados es que acudan a los tribunales de Arbitraje», insisten desde Arrenta. Estos organismos, compuestos por abogados y magistrados, emiten un laudo contra el que no cabe recurso en un plazo de 60 días para el impago de cuotas, acelerando el proceso hasta seis meses en comparación con la justicia ordinaria.
Sanciones por impago
Mientras, en algunas comunidades de vecinos donde los impagos están a la orden del día se viven situaciones dantescas. En medio queda la caja común, con la que muchas veces no puede hacerse frente a obras y reparaciones urgentes ante la falta de liquidez. En algunos casos, se contraen deudas con proveedores o son el resto de vecinos los que salvan la situación aumentando sus aportaciones para trabajos inaplazables.
Es el caso de un bloque de viviendas ubicado en el barrio bilbaíno de Santutxu. Conviven 28 familias, de las que cuatro llevan dos años sin pagar cuotas. La deuda conjunta ronda ya los 4.000 euros y la situación es especialmente grave, ya que una inspección de seguridad ha revelado deficiencias en el edificio que hay que arreglar de manera inmediata si no quieren recibir una importante sanción. «A veces es más barato pagar un poco más y olvidarte de ellos que empezar a pleitear, pero en este caso necesitamos que aporten el dinero. Si no lo hacen por las buenas habrá que intentarlo por las malas», advierte Javier L., presidente de la comunidad.
