La Audiencia Provincial de Logroño condenó ayer a I.P.P. a un año de prisión por un delito de tenencia de pornografía infantil, si bien el fiscal le había acusado previamente un delito mayor por 'prostitución y corrupción de menores' para el que exigía seis años de internamiento.
Con carácter previo a la vista oral que estaba fijada para las diez de la mañana, acusación pública y defensa llegaron a un acuerdo de conformidad por el que se modificaba el tipificación del delito, y con ella su consiguiente pena. Una vez las partes alcanzan un acuerdo, el tribunal no tiene potestad para variar la sentencia, ya que la decisión que toman es vinculante.
El presidente de la Audiencia Provincial, Alfonso Santisteban, indicó que los hechos por los que se le acusa no han sido modificados, así como tampoco la responsabilidad penal del imputado.
Por otra parte, el acusado, vecino de un pueblo de La Rioja, no tenía antecedentes penales, por lo que se le exime de ir a prisión mientras no vuelva a delinquir, ya que la condena que dictaron ayer no supera los dos años.
El delito de tenencia corresponde a los días comprendidos entre el 3 y el 11 de julio de 2007, cuando el acusado descargó una serie de archivos de contenido pedófilo en dos de los tres ordenadores que los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Logroño encontró en su vivienda. Los ordenadores contaban con programas de intercambio de archivos P2P entre los que figuran Ares, Emule, Lyphant o Kazaa, a través de los cuales compartía los documentos con otros usuarios desde el momento en que comienza la descarga.
En total se localizaron doce archivos cuyos títulos corresponden a contenido pornográfico, según figura en el informe del fiscal, si bien varios de los archivos que podrían haber contenido pornografía infantil no pudieron ser recuperados porque habían sido borrados o sobrescritos. En los videos figuraban menores manteniendo relaciones sexuales con adultos.
Al año de prisión al que ha sido condenado se le suman la privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas judiciales del proceso.
