La revalorización anual de las pensiones sobre la previsión de inflación, tal y como se realiza en España, es un mecanismo «diabólico», apuntó ayer el director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Fidel Ferreras. A su juicio, una fórmula equitativa y justa para el sistema sería actualizar las prestaciones según la variación de las bases medias de cotización del año anterior. «Esto garantizaría la salud financiera de la Seguridad Social», añadió, a la vez que se mostró proclive a simplificar las modalidades de jubilación. «Hay 10 maneras distintas de acceder al retiro, lo que no ocurre en ningún país del mundo», lamentó.
Las declaraciones de Ferreras tuvieron lugar en la Fundación Alternativas (vinculada al Gobierno), donde presentó el trabajo «Cambio demográfico y pensiones de la Seguridad Social». En su opinión, el alargar el periodo de cómputo (tiempo que se toma para el establecimiento de la cuantía de la prestación), situado en los últimos 15 años de la vida laboral, es imprescindible para reparar la injusticia que padecen aquellos trabajadores con largas carreras profesionales que cuando pasan de los 55 años son despedidos y se ven obligados a acceder a la pensión desde las filas del desempleo.
Graves riesgos
La revalorización en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) previsto «no es una buena técnica», insistió Ferreras, porque ese mecanismo genera graves riesgos, como el hecho de que la subida de las pensiones sea superior a la inflación real, no se ajuste a la evolución de la economía y represente un gravamen para las cuentas de la Seguridad Social. El procedimiento obliga a que al año siguiente la actualización sea menor. Algo similar a lo que ha ocurrido en los últimos ejercicios.
En 2009, las pensiones tuvieron una subida inicial del 2%, de acuerdo con la recomendación del Banco Central Europeo. Después, los precios en España solo se incrementaron un 0,3% (noviembre sobre noviembre) con lo que las prestaciones ganaron un 1,7% de poder adquisitivo. Y esta es la causa de que en 2010, el aumento en presupuestos esté limitado al 1%.
Ferreras también abogó por suprimir de los convenios colectivos la jubilación obligatoria a los 65 años de edad. «Es una manera de echar a los trabajadores a la calle, aunque quieran quedarse. Hay que remover este obstáculo», dijo tras resaltar la conveniencia de alargar la vida laboral, pero «lentamente y sin vaivenes», en base a la fecha de nacimiento, «para que todo el mundo sepa a qué atenerse». Asimismo convendría quitar de la legislación española la jubilación parcial, que beneficia a empresarios y trabajadores, pero que es carísima para el sistema. Desveló que supone un gasto para la Seguridad Social de 126.250 euros por cada persona que opta por ella, «algo que no hay quien lo aguante» desde el punto de vista de las cuentas.
Igualmente hay que estar preparados para afrontar problemas de recesión, apuntó.
