Comer, levantarse de la cama, peinarse, salir de casa o hacer la compra son labores cotidianas en apariencia. Pero para muchas personas suponen una tarea mayúscula que son incapaces de realizar en su día a día y requieren de una ayuda si no continuada, al menos por horas. Es el caso de los 2.542 hogares que en la actualidad utilizan el servicio de ayuda a domicilio, dependiente de la Diputación foral de Álava.
De ellos, 540 son nuevos casos que se han registrado a lo largo de este mismo año, según desveló ayer la diputada de Asuntos Sociales, Covadonga Solaguren, durante su intervención ante todos los grupos junteros. Un dato significativo a la hora de detallar el incremento experimentado en este tipo de asistencia, solicitada en su mayoría por personas mayores. Así, la responsable del área destacó que, de los 3.252 hogares alaveses atendidos en todo el año pasado, el 88% correspondían a gente de avanzada edad que no podían valerse por sí mismos. Además, los domicilios ubicados en la propia ciudad son los que más reclaman este tipo de prestaciones.
No fueron los únicos datos aportados por la diputada nacionalista, quien reconoció que existen 144 personas que aguardan en la lista de espera a que se les adjudique algún tipo de atención para realizar estas tareas cotidianas. Sin embargo, también destacó que en el último año han registrado un total de 207 renuncias por diversos motivos, bien por ingresos en hospitales y residencias o porque perdieron la prestación o fallecieron. Y es que, aunque el servicio de ayuda a domicilio (SAD) era una prestación foral preexistente a la ley de Dependencia, desde que ésta entró en vigor se ha visto afectada por la posibilidad de que sus usuarios, con un alto grado de dependencia, opten por ejercer su derecho a una prestación económica o a la entrada en un centro de día.
También recordó que la nueva normativa establece que el grado uno de dependencia no se desarrollará hasta 2012 ó 2013. De esa forma, respondió a las críticas vertidas por la procuradora socialista Cristina Jiménez, quien le echó en cara el hecho de que personas que tuvieran reconocido el SAD por otras instituciones «y han pasado a tener ese grado uno de dependencia, se les ha quitado ese derecho». Por su parte, la popular Ana Morales afirmó tener conocimiento de que algunos casos se habían derivado «a alguna ONG por la tardanza en impartir este servicio, lo que ha generado también renuncias». Extremo que Solaguren negó por completo.
Acuerdo que evite la huelga
Por último, las dos junteras se refirieron a la huelga que durante el pasado junio convocaron los sindicatos UGT, CC OO, ELA y LAB en representación de los trabajadores de este servicio para reclamar que se respete lo pactado en 2007 en el convenio colectivo, donde se recoge una subida salarial del 4,7%.
Tanto Jiménez como Morales mostraron su preocupación por las movilizaciones previstas de cara al mes de septiembre y reclamaron a la Diputación «que tome las riendas» para renegociar las condiciones y que así no se merme la calidad asistencial.
Sin embargo, la responsable del área recordó que en junio se cubrieron los servicios mínimos de comidas, higiene, acompañamiento a centros de día, cambios posturales y limpieza de hogar y ropa. Y añadió que el Ejecutivo foral «no forma parte» de la mesa negociadora, aunque sí animó a todas las partes implicadas «para que lleguen a un acuerdo, se mantenga el servicio y sea viable».
