Rafael Bengoa retomó ayer la posibilidad ya anunciada por el lehendakari de establecer el pago por receta médica para «los pensionistas más ricos», aunque precisó que la decisión debe ser «absolutamente nacional». El consejero de Sanidad reconoció en comisión parlamentaria que su departamento estudia en la actualidad «qué tipo de ciudadanos» se verían afectados si finalmente la iniciativa sale adelante. En este sentido, Bengoa dejó la puerta abierta a que los pensionistas con más recursos económicos -concretamente el 4% del colectivo, «que cobra más de dos mil y pico euros al mes»-, tengan que empezar a abonar los medicamentos que les recetan los médicos.
La medida supondría que cerca de 20.000 personas a los que los fármacos les salen ahora gratis y cuyos ingresos mensuales casi cuadruplican el Salario Mínimo Interprofesional -establecido en 633 euros- tendrían que pagar las medicinas en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos, que abonan el 40% del precio total. En respuesta a la pregunta planteada por el parlamentario Juan Antonio Arieta-Araunabeña (PNV) sobre qué tipo de pensionistas «consideraba» que deberían participar en el copago de las recetas, el consejero señaló que hay quienes «cobran más de 2.000 euros al mes y no aportan nada al sistema sanitario, mientras que otros que apenas ganan 600 sí lo hacen».
«¿Quiere decir entonces que cuando el lehendakari dice que hay que grabar a los ricos, se refiere a las personas que cobran una nómina de dos mil y pico euros mensuales?», le interrogó el parlamentario jeltzale. Bengoa, pese a que destacó que «no se puede cerrar ninguna puerta» a la adopción de «posibles medidas para ayudar a gestionar mejor el sistema sanitario», reconoció que se trata de un asunto en el que hay que actuar con «prudencia», porque «levanta muchas ampollas».
El consejero compareció precisamente ayer en el Parlamento vasco a petición del PNV para exponer su opinión sobre la posibilidad de implantar un sistema de financiación de las prestaciones sanitarias, una medida que ya se aplica en países como Alemania, Suecia, Noruega, Francia, Italia o Austria de forma generalizada y defendida desde hace años por la consejería de Salud de la Generalitat catalana. No obstante, Bengoa recordó a los parlamentarios que el copago no figura entre las medidas de racionalización del gasto aprobadas por su departamento tras reiterar que se trata de una discusión que debe abordarse «a nivel nacional y todos a la vez». «No tiene ningún sentido hacerlo en unas comunidades autónomas y en otras no», subrayó.
El consejero hizo especial hincapié durante su intervención -apenas se prolongó durante diez minutos- en la necesidad de abordar un debate «serio y técnico» sobre la financiación del sistema público de salud, una discusión que calificó de «vieja» y «recurrente», y que «suele aflorar en época de crisis».
Sostenibilidad del sistema
Al margen de las causas, el ministerio dirigido por Trinidad Jiménez ya dispone de una serie de estudios en los que se aborda «la forma» en que se podría implantar un sistema de financiación de las prestaciones sanitarias para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública en plena recesión económica. De hecho, España es uno de los pocos países europeos donde ir al médico o ingresar en un hospital es gratuito.
La pregunta que se hacen ahora las autoridades es si debe el ciudadano ayudar a cubrir los gastos del sistema sanitario público. La consejera de Salud catalana lo tiene muy claro. Marina Geli (PSC) mantiene que «es necesario» implantar medidas de copago para costear la sanidad pública «en función del nivel de renta de los usuarios», mientras que las comunidades autónomas gobernadas por el PP se oponen a la propuesta al considerar que «hay margen de maniobra suficiente» sin tener que recurrir a una medida cuya implantación mantienen que «ni barajan ni van a barajar».
