El Gobierno vasco quiere ahorrar 100 millones de euros de aquí a final de año con la rebaja de los sueldos de los funcionarios, la de las remuneraciones de los altos cargos y otras medidas complementarias para reducir, en términos globales, su gasto en plantillas. Así lo anunció ayer el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, minutos después de reunirse con los sindicatos para darles a conocer el detalle de los ajustes salariales que el gabinete de Patxi López convertirá en proyecto de ley el próximo martes y que espera que el Parlamento vasco apruebe antes de que finalice este mes de junio.
El lehendakari ha decidido aplicar a su remuneración la máxima reducción, equivalente al 8%, mientras que los consejeros sufrirán el recorte ya anunciado del 7% y los viceconsejeros, del 6%. Aproximadamente, la mitad de la rebaja anunciada por Zapatero para el Gobierno central. Los directores, el primer eslabón en la cadena de altos cargos, experimentarán un recorte del 5%, el mismo que se aplicará a los funcionarios del máximo nivel.
Ramos explicó que el Gobierno vasco ha hecho una «adaptación» del decreto aprobado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, después de asumir que una parte es obligatoria -la que afecta a las retribuciones básicas de los funcionarios-, pero que hay un amplio margen de maniobra en los complementos. Así las cosas, el Ejecutivo de Vitoria ha elaborado sus propias tablas de bajadas de sueldos, que incorporan descensos entre el 1% para el nivel más bajo de los funcionarios y el 5% para el más alto. En términos monetarios, el empleado público con salario más bajo verá recortados sus ingresos en lo que queda de año en una media de 132 euros, mientras que los que están en la parte más alta de la escala experimentarán una reducción superior a los 2.000 euros. Ya que las rebajas 'obligatorias' afectan a la antigüedad, los funcionarios con más años de servicio serán los más perjudicados dentro de cada uno de los niveles retributivos.
Nueva escala
El Ejecutivo vasco ha modificado, en parte, la escala de reducciones aprobada por el Gobierno central ya que, explicó ayer el viceconsejero de Función Pública, «las bases salariales en la Administración vasca son diferentes y de haberse aplicado de forma automática no se habría cumplido el principio de progresividad». Además, el Gobierno de López ha decidido volcar buena parte del ajuste previsto para este año en la paga extraordinaria de diciembre, para que el impacto sobre las nóminas mensuales sea menor.
Con esos ajustes en las tablas salariales, el gabinete del PSE espera ahorrar 50 millones de euros en lo que queda de año, lo que le ha llevado a anunciar «otras medidas complementarias» para extender la reducción del gasto hasta 100 millones. La razón que lo justifica es cumplir el compromiso de que la bajada real del gasto en salarios durante este año se sitúe en torno al 5%, en línea con lo que exige el decreto convalidado recientemente por el Congreso de Madrid.
Fondo de pensiones
Entre esas medidas 'complementarias', la más novedosa es la reducción a la mitad de las aportaciones que realiza el Ejecutivo al fondo de pensiones de los funcionarios vascos. Según explicó ayer Ramos, el Gobierno, además del salario, aporta cada año a este fondo una cantidad equivalente al 3% de la retribución bruta de cada empleado público, para dotar así un complemento de pensiones de cara a su jubilación. Entre los meses de junio y diciembre de este año, aclaró, la aportación será de tan sólo el 1,5%. Con esta medida el Gobierno ahorrará 28 millones de euros. El viceconsejero aclaró que «de momento es un recorte puntual, tan sólo para este periodo, y en enero habrá que concretar lo que sucede con las aportaciones del próximo año».
La rebaja de los sueldos en las empresas públicas -medida no contemplada en el decreto pero que el PSE quiere aplicar para garantizar un «esfuerzo equitativo» en todos los empleos que dependen de la Administración- tan sólo aportará tres millones de euros de ahorro. Para cuadrar el ajuste definitivo, el Ejecutivo dejará vacantes 166 plazas de funcionarios que estaban pendiente de cubrirse por jubilación de sus titulares, así como otras 138 que han estado sin ocupar por un plazo superior a doce meses.
Por último, se aplicará una reducción del 10% en el gasto anual de contratos motivados por la «acumulación de tareas» y también del 8% en las sustituciones. Para ello, se ha establecido un criterio por el cual los sectores de Educación, Justicia, Interior y Osakidetza «evitarán contrataciones por sustitución, para periodos inferiores a cinco días. En la Administración general no se sustituirán ausencias inferiores a un mes».
