La intervención de Cajasur en la madrugada de ayer constituye una bomba de relojería para la ya deteriorada imagen de España en los mercados internacionales, donde tanto la deuda soberana como las acciones de las empresas han sufrido un duro castigo. La salud del sector financiero y, en especial, la solvencia de las cajas de ahorros, muy afectadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, constituyen uno de los flancos más débiles de la economía nacional de cara al exterior. Por eso se teme que la toma de control de la entidad cordobesa por parte del Banco de España cause un nuevo terremoto, a pesar de que, con unos activos de 19.000 millones de euros, sólo supone un 0,6% del sistema.
Preocupados por esta amenaza, tanto la autoridad financiera como la patronal de las cajas (CECA) se afanaron ayer en restar importancia a la segunda intervención a causa de la crisis -la primera fue la de Caja Castilla-La Mancha en marzo de 2009-. La organización ahora presidida por Isidro Fainé destacó que el caso de Cajasur es «especial» y que si ha habido que ponerla bajo tutela del Banco de España es porque su propio consejo de administración, controlado por la Iglesia, ha rechazado la fusión con la malagueña Unicaja debido a discrepancias en materia laboral. O sea, que ella misma se ha buscado su destino. El organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordoñez, por su parte, aseguró en un comunicado que «la solidez del sistema bancario español no se va a ver afectada en absoluto por esta situación».
Pero estos mensajes de tranquilidad no lograron aplacar la inquietud. Presto a aprovechar cualquier contrariedad para el Gobierno, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se hizo eco de esta preocupación al advertir de que «la intervención de Cajasur llega en el peor momento, porque afecta al crédito de la deuda española, al país». Y eso que este revés supone igual fracaso para él que para José Luis Rodríguez Zapatero, dado que la necesidad de acelerar la reestructuración del sector financiero es uno de los pocos acuerdos que han sellado ambos líderes.
El rechazo a la fusión con Unicaja por parte de Cajasur, cuando esta operación era la única salida para una entidad con 600 millones de pérdidas el año pasado, refleja las graves dificultades que está encontrando el ansiado proceso de consolidación de las cajas de ahorro. Y este asunto preocupa especialmente en el exterior. Basta recordar que el diario 'New York Times' arrancaba un reciente artículo sobre la falta de confianza en la solvencia de España con los obstáculos que encontraba una integración tan lógica como la de Caixa Galicia y Caixanova debido a la lucha de poderes autonómicos y provinciales. ¿Qué dirá ahora cuando es la Iglesia la que echa por tierra una fusión que todos consideraban necesaria?
Pérdidas
Y es que el caso de Cajasur es realmente llamativo. Forzada por unas pérdidas crecientes debido a sus alocadas inversiones en el negocio inmobiliario, la entidad cordobesa inició conversaciones con la saneada Unicaja, presidida por Braulio Medel, días después de que el Banco de España interviniera CCM. Pero las negociaciones no prosperaban y eso llevó a la autoridad financiera a darle un ultimátum: o se aprobaba la fusión el viernes o la intervenía.
Todo el mundo daba por hecho que estas presiones surtirían efecto, pero se equivocaban. En un consejo celebrado a última hora de la noche, se decidió por 11 votos contra ocho rechazar la fusión y recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que implicaba irremediablemente la intervención del Banco de España. Apoyaron esta opción los seis representantes de la Iglesia -con el presidente de Cajasur, el sacerdote Santiago Gómez Sierra a la cabeza-, cuatro impositores y el vocal del sindicato mayoritario, Aspromonte. Los representantes de los ayuntamientos, Diputación y Junta votaron en sentido contrario, es decir, a favor de la integración con la caja malagueña.
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, explicó que la sorprendente posición de la Iglesia se debía a «la falta de garantía de que se conservaran todos los puestos de trabajo en su caja» . Es decir, al rechazo al ajuste laboral que se pedía desde Unicaja para solventar el grave problema de duplicidades entre las redes de ambas entidades. No obstante, fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que el recorte de plantilla propuesto para los 3.000 trabajadores de Cajasur se había limitado considerablemente y que, de los 1.200 despidos planteados inicialmente, se había pasado a unos 400.
La intervención por parte del Banco de España supone en la práctica la sustitución de los administradores de la caja por los designados por el FROB. Además, este fondo, creado en 2009 para financiar la reestructuración del sector, inyectará de forma inmediata unos 550 millones de euros para que Cajasur cumpla con los requisitos de solvencia y pueda hacer frente a sus compromisos. En el plazo de un mes los nuevos gestores deberán presentar un plan de viabilidad para la caja, que puede pasar por su fusión o liquidación.
