La instrucción del 'caso Iurbenor' ha cubierto una nueva etapa con la conclusión de la investigación realizada por las auxiliadoras judiciales. Se trata de dos profesionales vinculadas al mundo de las finanzas que han sido nombradas directamente por el titular del Juzgado número 6 de Bilbao, José María Eguia Baltellas, con el objetivo de realizar labores de inspección en el proceso judicial que se sigue contra el industrial Jabyer Fernández, entre otros imputados, por su gestión en la promotora Iurbenor, la empresa que fue creada para llevar adelante el principal proyecto residencial de Vizcaya -'Puerta de Bilbao', que preveía la construcción de unas 2.000 viviendas en los antiguos terrenos de Sefanitro, en el barrio baracaldés de Lutxana- y que suspendió pagos el pasado año con una deuda con la Hacienda foral de 43 millones de euros.
Buena parte de la labor de las auditoras se ha centrado, precisamente, en rastrear cuentas para determinar el destino exacto de esta suma de dinero, además de otros remanentes. Y sus conclusiones revelan que el grueso de los fondos de Iurbenor fue a parar a decenas de compañías del grupo Afer, encabezado por Fernández, que declaró al juez que había utilizado gran parte de esta cantidad para «sanear» económicamente a otras firmas del grupo.
Lo que no se conocía hasta ahora era el nombre y apellidos de todas las empresas que recibieron el dinero de Iurbenor -una filial del grupo participada al 50% por Iurbentia y Fonorte- procedente de la venta de los terrenos de 'Puerta de Bilbao'. La crisis financiera y el declive del ladrillo dejaron en una comprometida situación económica a la empresa, que se vio obligada a vender por 359 millones la parcela reservada para la urbanización a la BBK y La Caixa. De esa cantidad, 297 se utilizaron para saldar las deudas bancarias. De esta forma, quedaron disponibles casi 62 millones, de los que 43, sin embargo, correspondían al IVA a ingresar en Hacienda por la operación urbanística.
Denuncias cruzadas
Estos fondos no fueron ingresados en las arcas de la Diputación, lo que provocó la presente causa judicial promovida por varios de sus ex socios -entre ellos el presidente del Athletic, Fernando García Macua, y su directivo Emilio Prieto, que se encuentran actualmente imputados en el marco de la misma causa- por supuesto delito fiscal, apropiación indebida y delito societario. Hacienda, por su parte, rechazó el aplazamiento de la deuda tributaria solicitado por el empresario, que no dudó en relacionar estos hechos con un «desencuentro personal» con el diputado general, José Luis Bilbao, y aludió como origen del conflicto al frustrado proyecto compartido de viviendas modulares Habidite, en Alonsotegui. A partir de ese momento, comenzaron a cruzarse las denuncias y los distintos procesos judiciales.
El informe de las auxiliadoras judiciales se ha producido en este contexto, de forma paralela a las indagaciones realizadas por los profesionales de la Hacienda foral, que han abierto investigaciones sobre distintas empresas participadas por Fernández a las que han ido a parar parte de los fondos de Iurbenor. Unas operaciones «más que discutibles» que, según explicaron los administradores concursales de la empresa, provocaron en gran parte el estado de insolvencia que obligó a la inmobiliaria a suspender pagos.
Entre los traspasos de capital acreditados por las auditoras destacan los casi 15 millones de euros que recibió Fonorte y los 10 millones que llegaron a Burdilan. Del mismo modo, también sobresalen por su cuantía los 5 millones que fueron a parar a Iurbentia y los 3,8 que se derivaron a Nextis. Fuera del grupo encabezado por Fernández, la constructora Cycasa recibió un millón de euros y el Bilbao Basket, más de dos millones de euros como pago del patrocinio que otra empresa del grupo -Iurbentia- debía al club de baloncesto bilbaíno.
