Una carrera de ochocientos metros no es un gran reto. Incluso para quienes no están acostumbrados a tomar parte en pruebas deportivas. Pero si se trata de recorrer la distancia a ciegas, la cosa cambia. «Tal vez tengamos que levantarnos un poco el antifaz para no meternos una buena galleta», bromeaba Amaya Ruiz instantes antes de colocarse en la línea de salida. Y es que, con una venda en los ojos, el sonido de un cascabel era lo único que podía guiar sus pasos y los de las alrededor de 350 personas que ayer zapatearon por una sociedad «inclusiva» en la decimoquinta edición de la carrera de cascabeles de la ONCE.
Ganar era lo de menos. Lo de más era «participar, ponerse en la piel del otro y sentir en propia carne cómo se sienten las personas invidentes», insistía el director de la organización en Álava, Rafael Ledesma. Con ese espítitu y, como todos los años, los participantes se repartieron los roles de lazarillo y de ciego, de forma que el primero -por medio del cordel que cada uno agarraba por un extremo- debía guiar a su compañero por el circuito delimitado a lo largo de la calle San Prudencio, entre la plaza del Arca y el Teatro Principal, en un recorrido de ida y vuelta.
Entre las cerca de doscientas parejas, muchos rostros conocidos, como el de la diputada de Cultura, Lorena López de Lacalle, quien corrió de la mano del presidente del consejo territorial de la ONCE en Euskadi, Javier Domínguez; o los de los concejales de Educación y de Transportes, Isabel Martínez y Joaquín Esteban, respectivamente. Y es que esta carrera, que patrocinan el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación, el Gobierno vasco y la Caja Vital, y que comenzó a celebrarse hace ya quince años con una vocación reivindicativa, ha acabado por convertirse en una fiesta destacada del calendario que cada año suma adeptos.
Votación popular
En reconocimiento a todos ellos, la ONCE concede edición tras edición el Cascabel de Oro a alguna persona o entidad que destaca por favorecer la integración social de las personas con discapacidad. El galardón, que se concede por votación popular, recayó esta vez en el Instituto de Reintegración Social, IRSE.
Es una entidad privada y sin ánimo de lucro que ha sido reconocida por su «trayectoria a favor de la prevención, la asistencia y la inserción de personas en riesgo de exclusión o en conflicto con el medio social». Sus servicios y programas se desarrollan en diferentes áreas, como la protección a la infancia y la adolescencia, los servicios de mediación o la justicia juvenil.
