«Queremos recuperar nuestra dignidad, que ha sido humillada, pisoteada con el blindaje» del Concierto Económico Vasco. Así resumía ayer en Madrid el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, los motivos que han llevado a su Ejecutivo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2010, que supone en la práctica ese blindaje de las normas forales vascas.
Nada más aprobarse en las Cortes esta Ley (el último paso, la publicación en el Boletín Oficial del Estado, se produjo el 19 de febrero), Sanz ya anunció la decisión del Gobierno regional de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Y ayer se hizo efectiva la presentación del recurso en la sede de esta institución judicial.
El Gobierno de La Rioja la llevó a cabo, además, con una puesta en escena que buscaba reflejar la unidad de la sociedad riojana contra este blindaje del Concierto vasco. Acompañaron en Madrid al jefe del Ejecutivo autonómico los consejeros de Presidencia, Industria y Administraciones Públicas, y los representantes de empresarios y sindicatos.
«Este recurso está amparado y apoyado de forma unitaria por toda la sociedad riojana», afirmó Sanz. El presidente riojano reiteró que durante esas más de tres décadas «hemos podido recurrir las normas forales con toda normalidad y ahora nos lo impiden ¿Para qué blindarse si no se quiere cometer ninguna ilegalidad?»
El jefe del Ejecutivo regional fue muy claro al referirse al Concierto Económico. «No estamos en su contra, ni tampoco contra el Gobierno vasco o los vascos, sino de aquello que pueda estar fuera de la Ley o suponga un abuso. Que nadie tergiverse nuestra posición», dijo.
El recurso del Gobierno regional presentado ayer incluía, además de la argumentación jurídica, abundante documentación complementaria: el informe sobre el tema de la Defensora del Pueblo Riojano, el dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, o el encargado por el Ejecutivo regional al catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado. También más de veinte sentencias emitidas en los últimos años por el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, el Supremo, el propio Constitucional o los tribunales europeos, «que avalan y justifican que han blindado el Concierto porque perdían por la vía jurídica».
Recoge además declaraciones de diputados, del ex ministro de Economía, Pedro Solbes, o una carta de 2007 del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, todas ellas contrarias al blindaje. Y se han incluido noticias en las que los dirigentes del PNV «se jactan de lo que han conseguido, incidió Pedro Sanz, que tildó de «acuerdo mercantil» entre Gobierno central y PNV el blindaje.
Base jurídica del recurso
El recurso presentado por el Gobierno de La Rioja defiende que el blindaje (Ley Orgánica 1/2010) vulnera, al menos, a los artículos 9.3 y 106.1 de la Constitución. El primero de ellos establece que un acto legislativo es arbitrario cuando causa desigualdad, como denuncia el Ejecutivo riojano.
En cuanto al 106.1, el blindaje excluye del control jurisdiccional las normas fiscales de las diputaciones vascas, algo que la Carta Magna no permite. Se argumenta que la Ley asigna al Tribunal Constitucional la competencia de pronunciarse sobre las normas forales (reglamentos), pero la Constitución sólo le habilita para hacerlo sobre leyes.
El plazo para presentar recursos contra el blindaje concluye el 20 de mayo (el Parlamento riojano también recurrirá y la Junta de Castilla y León también apoya esta vía), y el Constitucional tardará aproximadamente un mes y medio en decidir si admite a trámite los recursos. Sanz pidió al órgano judicial que «tramite de forma preferente este asunto y se vea su agilidad, porque si no, causará un perjuicio económico».
Por último, avanzó que en mayo tratará este tema en una reunión con el comisario europeo de Economía, Joaquín Almunia, y que también apelará a Zapatero como «garante de la igualdad y la solidaridad».
El presidente de la Federación de Empresarios, Julián Doménech, calificó de «desvergüenza» que empresarios o sindicatos hayan perdido la facultad de recurrir las normas forales, y afirmó que «no queremos que España tenga 'paraísos fiscales', y menos a 3 kilómetros de La Rioja».
José María Ruiz Alejos, presidente de la Cámara de Comercio, dijo que «no hay mayor agravio que el comparativo» y destacó que el blindaje «tampoco favorece a las empresas vascas, porque la globalización nos compromete a todos».
El secretario general de UGT, Javier Granda, recordó a las empresas «que han decidido su ubicación por los beneficios fiscales, o incluso la han cambiado por ello». Por su parte, el secretario general de CC OO, Koldo González, abogó por una «armonización» fiscal en España. Ambos subrayaron que los abusos del Concierto «entran en colisión con los derechos de los trabajadores riojanos».
