La asociación alavesa de empresarios de hostelería valora de forma positiva el «esfuerzo de consenso» labrado en el Ayuntamiento de Vitoria para dar luz verde, de forma inicial, esta semana, a la nueva 'ley' del ruido. Sin embargo, considera que la ordenanza es claramente «incompleta» en lo concerniente a la insonorización de los bares «mientras no haya sobre la mesa un plan de subvenciones para que los locales puedan abordar esas reformas».
La norma obliga a los establecimientos que se encuentran fuera de ordenación -unos seiscientos en la ciudad- a aislarse acústicamente en el plazo máximo de doce años. El Consistorio procederá a rebajar de categoría a los que no se sometan a esa directriz. El texto, que se aprobará hoy de forma inicial en el pleno, incluye el compromiso municipal de abrir una línea de ayudas, en la que, según el Gabine Lazcoz, participará el Gobierno vasco como cofinanciador. No se concreta nada más.
El gremio afectado cree «esencial» el respaldo público para blindarse y volverse poco menos que mudos por las noches para preservar el descanso de los vecinos. «Si no se nos ayuda económicamente, un número importante de negocios está abocado al cierre», advierte el colectivo.
Repercusión del plan
Los hosteleros ven buenos ojos el plazo fijado para consolidar la insorización del sector -doce años- porque «permite incluir partidas anuales en los presupuestos de la ciudad durante más de una década». Eso, apostillan, «favorecería que muchas obras se hagan ya mismo y no dentro de una década, con lo que la filosofía del proyecto se materializaría a corto plazo».
Decididos a reunirse en breve con los grupos políticos para iniciar un proceso negociador que desemboque en propuestas concretas de ayudas económicas al sector, pretenden también que se analice la «repercursión exacta» de la reconversión a la que se verán abocados. Les trasladarán también su propuesta para que «no se obligue a nada a quien no mete ruido».
